Fotografía: Archivo
Jalisco aparece como un punto clave en una investigación que cruza fronteras y que involucra fraudes millonarios en la venta de tiempos compartidos, con miles de víctimas en Estados Unidos. Aunque las pesquisas comenzaron en 2023 tras la desaparición de ocho jóvenes trabajadores de un call center clandestino, el caso ha escalado hasta convertirse en una operación conjunta entre autoridades mexicanas y estadounidenses.
El fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, confirmó que la información obtenida en esas primeras investigaciones fue compartida con el Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, reconoció que no hay avances en la localización de las víctimas y que, hasta el momento, en Jalisco no existen procesos penales contra las empresas o individuos incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro.
De acuerdo con datos revelados este jueves, al menos 57 empresas han sido sancionadas por el gobierno estadounidense por su presunta participación en este tipo de esquemas fraudulentos; 36 de ellas estarían operando desde Jalisco, principalmente en Puerto Vallarta. Las autoridades señalan que estas compañías —presentadas como agencias de viajes, inmobiliarias, clubes deportivos o incluso talleres de laminado— serían fachada para defraudar, mayoritariamente, a ciudadanos estadounidenses.
En el centro de la trama aparece Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, identificado por el Departamento del Tesoro como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación y presunto coordinador de asesinatos y operaciones criminales. Las autoridades estadounidenses lo ubican como uno de los líderes de la red que, entre 2019 y 2023, habría causado pérdidas de casi 300 millones de dólares a más de seis mil víctimas.
Solo en 2024, el FBI recibió cerca de 900 denuncias por fraudes de este tipo cometidos desde México, con un monto que supera los 50 millones de dólares. Pese a las cifras y a las acusaciones formales en Estados Unidos, en territorio jalisciense las investigaciones locales avanzan con cautela, y sin imputaciones directas contra las empresas o personas señaladas al norte de la frontera.
