Fotografías: Miguel Rico
A casi un año del feminicidio de la empresaria canadiense Ángela Louise Birkenbach en San Blas, Nayarit, su familia denunció públicamente una serie de irregularidades legales y presuntos actos de corrupción en el Poder Judicial de Jalisco, donde se dirimen los procesos por custodia de sus hijos y sucesión de bienes.
Mientras el presunto feminicida Sergio “N.” —expareja de Ángela y padre de tres de sus hijos— permanece detenido en Nayarit y el juicio penal avanza en su contra en Tepic, familiares de la víctima aseguran que en Jalisco se han emitido resoluciones judiciales que favorecen de forma sospechosa a la familia del imputado.
Entre los hechos que consideran más graves, destaca la designación de Rosalba Primavera “N.”, hermana y apoderada legal del acusado, como albacea de los bienes de Ángela, pese a su evidente conflicto de interés. También fue destituido Albert, el hijo mayor de la víctima, quien inicialmente tenía la tutoría legal de sus hermanos menores.
La familia ha señalado que los menores fueron apartados de su abuela materna —su principal cuidadora— y manipulados emocionalmente para favorecer al entorno paterno. Incluso, acusan que los niños fueron llevados a visitar a su padre en prisión, violando las medidas de protección que estaban vigentes.
Ante este panorama, exigen que se restituya la tutoría a Albert, se destituya a Primavera “N.” como albacea, se suspenda la patria potestad de Sergio “N.” conforme a la Ley Monzón, y se garantice la protección integral de los menores. Asimismo, solicitaron al Congreso de Nayarit que apruebe la llamada “Ley Monse”, que contempla sanciones contra familiares que encubran agresores.
El caso ya es seguido por autoridades canadienses, y la familia de Ángela ha hecho un llamado a instancias federales mexicanas y organismos internacionales de derechos humanos para garantizar justicia y proteger a los niños afectados.
