En conferencia de prensa, el Sindicato de Trabajadores del Transporte de Mi Macro Periférico, encabezado por Ricardo Aguayo Andrade, denunció presiones, represalias y omisiones por parte de las autoridades estatales, particularmente del titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz, luego del estallamiento de huelga ocurrido el pasado 15 de julio.
Aguayo Andrade señaló que el paro fue legal y legítimo, con un emplazamiento vigente desde agosto de 2024, respaldado por documentos oficiales. Rechazó los señalamientos del secretario Monraz, quien amenazó con emprender acciones legales contra los trabajadores, y aseguró que el sindicato no se quedará callado ante lo que calificó como una violación a sus derechos laborales y humanos.
“Nos acusan como si fuéramos delincuentes por exigir condiciones básicas: salarios dignos, uniformes, baños limpios y jornadas humanas”, enfatizó Aguayo, quien reveló que a pesar de haber firmado convenios previos con la empresa, estos no se han cumplido. Uno de los últimos acuerdos establece que a partir del 6 de agosto comenzará a aplicarse un aumento salarial escalonado que alcanzará el 20% en mayo de 2026.
La conductora Sandra Macías Duque compartió su testimonio sobre las condiciones indignas que enfrentan en su jornada diaria. “Yo cargo una cubeta en mi camión porque no hay baños donde podamos hacer nuestras necesidades. Eso me lo prometió solucionar el secretario hace dos años, pero no ha pasado nada. Una vez usé un baño móvil y terminé con una infección severa”, relató.
El sindicato denunció también la reducción del parque vehicular por la falta de pagos a los transportistas. “Hay rutas que tenían 40 unidades y hoy apenas circulan con una o dos. Eso obliga al usuario a tomar hasta tres camiones para llegar a su destino, lo que encarece el servicio aunque la tarifa no haya subido”, explicó Ignacio Trujillo, otro representante sindical.
En total, alrededor de 500 trabajadores se ven afectados. El sueldo actual de un operador oscila entre los $3,900 y $4,250 semanales, dependiendo del tipo de unidad, pero con los aumentos programados se espera que alcancen entre $4,400 y $4,700.
El gremio lamentó que, aunque la Secretaría de Transporte reconoce públicamente el problema de los subsidios retrasados, se deslinda de responsabilidades bajo el argumento de que el conflicto es “entre particulares”. “La autoridad no puede lavarse las manos; sabe desde hace meses de este tema y no ha resuelto nada”, advirtió Aguayo.
La próxima reunión clave con la Secretaría del Trabajo está programada para el 6 de agosto. De no cumplirse los acuerdos, el sindicato no descarta nuevas acciones, aunque aseguró que en lo sucesivo buscará comunicar con tiempo cualquier paro para afectar lo menos posible a los usuarios.
“Estamos peleando por dignidad, no por capricho”, concluyó Aguayo, visiblemente respaldado por decenas de operadores que también demandan condiciones laborales más humanas y cumplimiento a las promesas hechas desde el arranque del modelo Ruta-Empresa.
