En un esfuerzo por poner fin a los abusos relacionados con el retiro de vehículos en la vía pública, el Gobierno de Jalisco anunció una serie de medidas que buscan mayor control, transparencia y seguridad para los ciudadanos. A través de la Secretaría de Administración, se dio a conocer que ya operan 36 depósitos vehiculares oficiales en todo el estado, con capacidad para recibir hasta 50 mil automóviles.
Jonadab Martínez García, titular de la Dirección de Depósito y Custodia Vehicular, explicó que esta red de corralones autorizados tiene como propósito evitar que automóviles y motocicletas sean trasladados a lugares clandestinos o sin regulación. Si bien aún no existe un censo completo de los depósitos irregulares, el funcionario señaló que la expansión de espacios legales reduce considerablemente ese riesgo.
Uno de los avances más significativos es la habilitación de la plataforma digital depositoenlinea.jalisco.gob.mx, donde cualquier persona puede consultar datos esenciales sobre su vehículo retenido: desde la grúa que lo arrastró, hasta el lugar de depósito y el monto del servicio. Esta herramienta también sirve como vía para denunciar cobros indebidos.
“Ya no hay pretexto. La gente podrá saber de inmediato si le están cobrando de más y reportarlo a la Secretaría de Transporte”, dijo Martínez.
Otra novedad es que los vehículos retenidos estarán protegidos por una póliza que cubre posibles daños durante su resguardo. Con esto se pretende cerrar un capítulo común de quejas ciudadanas: unidades entregadas con daños sin que nadie respondiera por ellos.
Respecto a las motocicletas, el panorama es más complejo. Se estima que diariamente ingresan cerca de 100 a los depósitos, pero solo una quinta parte es reclamada. La falta de casco y documentos en regla son las causas más frecuentes de su retención.
La recomendación para evitar contratiempos es clara: respetar las normas de tránsito y portar siempre la documentación obligatoria. Con esta nueva estrategia, el gobierno estatal busca no solo ordenar el retiro de vehículos, sino también recuperar la confianza de la ciudadanía en un sistema que por años operó sin control ni rendición de cuentas.
