Fotografias: Redacción CIgdl.
El campo resiste, pero lanza una advertencia: o se atienden sus demandas, o la crisis alimentaria será inevitable.
A las puertas de una crisis estructural en el campo mexicano, líderes agropecuarios de Jalisco anunciaron una ofensiva política y social para agosto, con el objetivo de exigir al Congreso de la Unión y al Ejecutivo federal la restitución de apoyos eliminados en los últimos años. El mensaje fue claro: el abandono institucional no solo amenaza la producción agrícola y ganadera, sino también la seguridad alimentaria del país.
En conferencia de prensa, la dirigente estatal del PRI, Laura Haro Ramírez, acusó directamente al gobierno federal de haber “desmantelado el respaldo al campo” mediante recortes presupuestales, eliminación de fideicomisos y permisividad ante prácticas que vulneran a los productores nacionales. “No es una súplica, es una exigencia: el campo merece justicia y compromiso”, sentenció.
El acto reunió a líderes de organizaciones rurales y ganaderas como Eliazer Ayala Rodríguez, así como a decenas de productores de todas las regiones del estado, quienes compartieron testimonios de abandono, violencia y competencia desleal derivada de la importación de alimentos sin control sanitario.
La agenda de reclamos va desde la reactivación de fondos como el desaparecido FONDEN, hasta una revisión urgente de las políticas de importación que favorecen a grandes corporativos y dejan en el desamparo a los pequeños productores. También se denunciaron las trabas burocráticas en los trámites digitales, el tráfico ilegal de ganado, el alza en los insumos, y la amenaza que representa el uso de semillas transgénicas.
Eliazer Ayala advirtió que muchas zonas rurales viven una situación crítica. “No hay condiciones ni de seguridad ni de competitividad. Estamos en manos del crimen organizado y de políticas públicas que nos han dado la espalda”, expresó.
En respuesta, el sector se prepara para movilizaciones y una interlocución más firme con los poderes del Estado. Los líderes no descartaron acciones de presión coordinadas con legisladores, universidades, y organizaciones internacionales.
La demanda central: que se establezca una mesa de trabajo nacional, con interlocución directa y soluciones verificables. De no atenderse, advirtieron, “la producción local seguirá cayendo, y con ella, el futuro del país”.
