Mientras el gobierno federal plantea facilitar el acceso a viviendas ocupadas irregularmente, autoridades locales fortalecen medidas para evitar invasiones y recuperar inmuebles abandonados en busca de seguridad y orden urbano
La propuesta del Gobierno Federal que contempla la regularización de viviendas ocupadas de manera irregular ha encendido un intenso debate en el país. El anuncio, realizado por el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señala la intención de implementar un plan que permita a quienes viven en inmuebles sin título de propiedad adquirir esas viviendas a precios bajos. La medida ha sido criticada severamente por autoridades locales, quienes defienden la protección del Estado de derecho y la propiedad privada.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se manifestó con firmeza en contra de la iniciativa federal. “Legalizar la toma de viviendas es atentar contra el orden jurídico y promover la ilegalidad”, declaró durante un evento público. “No podemos aceptar que la invasión sea vista como una política social. Todas las casas tienen dueños legítimos, y debemos respetar eso.”
Por otra parte, en Tlajomulco de Zúñiga, el municipio con mayores casas abandonadas en el país —según datos del INEGI—, las autoridades locales han optado por una estrategia distinta. El alcalde Quirino Velázquez ha implementado un plan para prevenir ocupaciones ilegales mediante la recuperación legal de viviendas desocupadas, enmarcado dentro del Plan Nacional de Vivienda. La meta es recuperar al menos 10 mil inmuebles en su gestión, priorizando la legalidad y la seguridad ciudadana.
A pesar de que tanto federal como estatal coinciden en reconocer la problemática del abandono habitacional —que en Tlajomulco suma más de 77 mil casas vacías— sus enfoques distan mucho. La postura del gobierno estatal y municipal privilegia la protección del patrimonio privado y el orden legal, mientras que la propuesta federal abre un debate sobre si la regularización puede ser vista como una solución a las dificultades habitacionales.
El vacío de vivienda no solo genera inseguridad y deterioro urbano, sino que también plantea preguntas complejas: ¿es justo permitir que quienes ocupan un inmueble sin autorización puedan obtener derechos plenos sobre él? ¿O es prioritario resguardar la propiedad privada y mantener el orden en las comunidades?
Por ahora, en Jalisco la línea oficial es clara: la legalidad y el respeto a la propiedad son principios insoslayables. La discusión continúa sobre qué camino garantiza mayor justicia y estabilidad en el ámbito habitacional.
