La disputa por el control de la emblemática empresa láctea Sello Rojo ha llegado a un punto crítico tras recientes resoluciones judiciales y denuncias de presuntas irregularidades. Este jueves 24 de abril, los accionistas de la compañía dieron a conocer en rueda de prensa que el Juez Federal Quinto de Distrito dejó sin efecto el control administrativo que ostentaban los hermanos Abraham Kunio, Rubén Madayi y Hilda Hiroko González Uyeda.
Según información proporcionada por los propios accionistas, la decisión judicial reconoce que no hay pruebas suficientes para sustentar la calidad de accionistas de los hermanos González Uyeda, por lo que la administración de la empresa debe regresar a la dirección previa a junio de 2019. Sin embargo, advirtieron que presuntas maniobras irregulares por parte del Consejo de la Judicatura Federal habrían favorecido la modificación de los estatutos en beneficio de los hermanos, a pesar de ser minoría en la estructura accionarial.
Luis Rabinal González, hijo de uno de los accionistas fundadores, detalló que el proceso legal ha estado marcado por una serie de obstáculos y evidencias de abuso del poder judicial en favor de los involucrados: “Hemos vivido manipulación desde los tribunales, favoreciendo a ciertos actores ligados al poder. La protección que otorgó el exgobernador Enrique Alfaro a los actuales administradores y la influencia en las decisiones judiciales nos ha afectado profundamente”.
El conflicto también ha tenido consecuencias económicas para la empresa, que en el pasado era un referente en el sector lácteo. Rabinal González afirmó que desde la toma de control por parte de los hermanos González Uyeda, Sello Rojo ha sufrido una significativa caída en sus operaciones y valor en el mercado: “Antes, en 2019, las ventas alcanzaban los 6 mil millones de pesos. Actualmente, reportan aproximadamente 4 mil millones —una disminución del 30%—, en un contexto en el que se han despedido más del 30% de los empleados, y la calidad del producto y las condiciones logísticas se han deteriorado.”
Asimismo, denunció que en el período en que los hermanos tomaron las riendas, se desplegó una estrategia para obstaculizar cualquier intento de recuperación por parte de los accionistas originales. Uno de los ejemplos es una prehuelga que, según denuncian, fue autorizada por la administración y protección del gobierno local, y que lleva más de cinco años vigente sin que se concrete una huelga formal.
Otra de las acusaciones fuertes está relacionada con la desaparición de 80 millones de pesos destinados a fondos de emergencia, dinero que, aseguran, no ha sido sometido a auditorías transparentes. Estas presuntas irregularidades han despertado alarma entre los inversores y simpatizantes de los fundadores, quienes exigen que las instituciones judiciales y laborales actúen con justicia y esclarezcan la situación.
Tras la resolución a favor de los accionistas en el amparo 466/2024, esperan que las autoridades judiciales en Jalisco ejecuten sin dilaciones la orden dictada por la autoridad federal, restableciendo el control de la empresa y recuperando su estabilidad y valor en el mercado.
El conflicto en Sello Rojo no solo refleja una lucha empresarial, sino también el impacto de posibles abusos institucionales y políticos que afectan a una de las marcas más representativas de Jalisco y México en el sector lácteo.
