Fotografía: Redacción CIgdl.
El Congreso de Jalisco ha decidido aplazar la comparecencia de autoridades estatales programada para este miércoles, donde se esperaba que el fiscal Salvador González de los Santos, el secretario de Seguridad estatal Juan Pablo Hernández, el coordinador de Seguridad Estratégica Roberto Alarcón Estrada, y la secretaria de Inteligencia y Búsqueda, Edna Montoya, rindieran cuentas sobre los avances en la investigación relacionada con el rancho de Teuchitlán.
La decisión de postergar la comparecencia, sin una nueva fecha definida, ha generado un descontento palpable entre algunos legisladores. Enrique Velázquez, diputado de Hagamos, expresó su frustración al señalar que la falta de un plazo concreto podría interpretarse como un intento de “patear el bote” en un asunto tan delicado. “¿Cuál es el problema de que venga el fiscal y los funcionarios a explicar lo que sucedió en ese predio?”, cuestionó Velázquez, subrayando la urgencia de la situación.
A pesar de la controversia, algunos legisladores defendieron la decisión, asegurando que no se trata de una cancelación definitiva. José Luis Tostado, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, instó a la confianza en el proceso de investigación en curso, recordando que hay diez personas sujetas a proceso. “No entorpezcamos la labor de investigación de las autoridades correspondientes”, advirtió Tostado, pidiendo prudencia y respeto por las instituciones tanto federales como locales.
Por su parte, Miguel de la Rosa, coordinador de Morena, respaldó el aplazamiento, argumentando que las indagatorias se están llevando a cabo de manera exhaustiva y que se busca garantizar una comunicación efectiva en los informes que se presentarán.
La situación también contempla la comparecencia de Blanca Trujillo, fiscal en Personas Desaparecidas, quien deberá asistir tras una propuesta de la legisladora de Morena, Candelaria Ochoa.
El aplazamiento de esta comparecencia deja en el aire la inquietud sobre el avance de las investigaciones y la rendición de cuentas en un caso que ha captado la atención no solo de los legisladores, sino de la sociedad jaliscienses. Las voces de los diputados reflejan la urgencia de obtener respuestas y la necesidad de que la administración estatal se mantenga abierta al escrutinio público en medio de este complejo panorama.
