Fotografía: Redacción CIgdl.
La cuantificación de los destrozos perpetrados contra el patrimonio arquitectónico e histórico del centro tapatío tras la movilización del pasado domingo 18 de octubre ha comenzado a tomar dimensión cifra por cifra, mientras la indignación ciudadana escala ante la impunidad con la que operaron los responsables y las irregularidades cometidas en los intentos gubernamentales por borrar las huellas del vandalismo.
De acuerdo con estimaciones extraoficiales y dictámenes preliminares sobre las afectaciones físicas, los costos de reparación y restauración en los inmuebles públicos de alto valor patrimonial superan los 25.7 millones de pesos.
El Palacio de Gobierno encabeza la lista de los edificios más vulnerables y severamente impactados, con un balance de daños proyectado en aproximadamente 16,837,000.00 pesos.
A esta cifra se suman las afectaciones registradas en el edificio del Congreso del Estado, estimadas en alrededor de $2´000,000.00 pesos, y la Catedral Metropolitana de Guadalajara, cuya factura por concepto de restauración alcanza los $1,837,400.00 pesos.
La indignación social generada por el abrumador quebranto económico al erario y a la memoria histórica de la ciudad se ha visto agravada por la actuación de las autoridades en materia de impartición de justicia y protocolo de conservación.
Durante el desarrollo de la protesta, un grupo de infiltrados señalados como los principales instigadores de la violencia fue capturado en flagrancia por la fuerza pública mientras atentaba contra las estructuras históricas; sin embargo, días después, el gobierno estatal encabezado por Pablo Lemus determinó la puesta en libertad de los sospechosos, provocando fuertes cuestionamientos sobre el compromiso del Ejecutivo estatal para deslindar responsabilidades directas y sancionar la destrucción de los bienes con valor patrimonial e histórico.
A la controvertida liberación de los presuntos responsables se sumó una actuación administrativa apresurada por parte de las autoridades municipales.
En una reacción unilateral e intempestiva para retirar las pintas y consignas, personal del Ayuntamiento de Guadalajara intervino el histórico quiosco de la Plaza de Armas empleando maquinaria de lavado a presión (Kärcher), método severamente contraindicado para canteras antiguas y monumentos históricos por el desgaste erosivo e irreversible que causa sobre la piedra.
El monto de los daños generados en esta estructura emblemática, agravados por la inadecuada limpieza, superan los 3,280,896.00 pesos.
Esta intervención se ejecutó sin la licencia ni la autorización técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), autoridad federal facultada por ley para supervisar cualquier intervención y / o modificación en monumentos catalogados de importancia patrimonial e históricos.
Ante esta omisión normativa y el riesgo de afectación estructural permanente sobre el monumento, las autoridades competentes se encuentran integrando la denuncia formal correspondiente contra el gobierno municipal de Guadalajara por pasar por alto la evaluación del INAH, por la violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a la gestión de las afectaciones tras la protesta.
