Fotografía: Redacción CIgdl.
Bajo la consigna de que la austeridad no debe pisotear la legalidad, más de mil jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Jalisco alzaron la voz contra la inminente reforma al artículo 127 constitucional. Lo que el discurso oficial denomina como la eliminación de “pensiones doradas” es, para estos trabajadores de carrera, un atropello directo a derechos adquiridos tras tres décadas de servicio y una flagrante violación a la seguridad jurídica en México.
El conflicto estalla en un momento crítico, justo cuando la reforma —aprobada por el Congreso de la Unión en marzo de 2026 y respaldada ya por 20 legislaturas estatales— espera su publicación en el Diario Oficial de la Federación por parte del ejecutivo federal. La medida busca imponer un tope de 70 mil pesos mensuales a las jubilaciones, equivalente al 50% de la remuneración presidencial, sin distinguir entre privilegios injustificados y las pensiones obtenidas bajo contratos colectivos legítimos.
El ingeniero Antonio Macías, representante vitalicio de los jubilados en el estado, fue enfático al señalar que esta modificación representa una contradicción jurídica profunda. “Si bien compartimos la necesidad de austeridad, esta reforma representa una violación flagrante a los derechos de miles de trabajadores que cumplieron sus requisitos bajo esquemas contractuales distintos y legítimos”, denunció. La principal crítica radica en la naturaleza retroactiva de la medida, la cual ignora el artículo 14 constitucional que prohíbe aplicar la ley en perjuicio de cualquier persona sobre derechos ya consolidados.
La preocupación no es solo económica, sino constitucional. El cuerpo legal de los inconformes argumenta que se está vulnerando el artículo 16, que garantiza que nadie puede ser molestado en sus posesiones sin una justificación legal debidamente fundamentada. Al “cambiar las reglas del juego” de forma unilateral, el Estado mexicano está enviando un mensaje de incertidumbre que mina la confianza en las instituciones.
Por su parte, el asesor jurídico Rubén Martínez advirtió que el tope salarial es arbitrario, pues no toma en cuenta la especialización técnica, los riesgos laborales y la antigüedad de quienes mantuvieron la infraestructura eléctrica del país. Según Martínez, la justicia social no puede servir de bandera para arrebatar el patrimonio de los trabajadores de carrera mientras se simula combatir la corrupción.
Ante la inminencia de la publicación de la reforma, el colectivo de jubilados de la CFE en Jalisco ha dejado clara su postura: no aceptarán el recorte como un hecho consumado. Los representantes anunciaron que se reservan el derecho de emprender acciones legales, lo que anticipa una batalla en los tribunales que pondrá a prueba la solidez de la Constitución frente a las políticas de austeridad del Ejecutivo. La justicia social, argumentan, debe empezar por respetar lo que la ley ya había otorgado.
