Fotografía: Redacción CIgdl.
El gobierno de Estados Unidos puso en marcha una nueva política de control migratorio que amplía la recopilación de datos biométricos a todos los extranjeros que entren o salgan del país, sin importar su edad o estatus migratorio. La medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y aprobada en octubre, ya se aplica en aeropuertos, cruces fronterizos y puertos marítimos.
La normativa autoriza la toma de huellas dactilares y el uso de reconocimiento facial como parte de los procesos de identificación. A diferencia de regulaciones anteriores, ahora también incluye a menores de 14 años y a personas mayores de 79, sectores que antes estaban exentos. El control se extenderá a turistas, trabajadores temporales, residentes permanentes y visitantes en general.
Según el DHS, el objetivo es reforzar la seguridad nacional y modernizar los sistemas migratorios, permitiendo una identificación más precisa de los viajeros y reduciendo riesgos como el uso de documentos falsos, la permanencia irregular y posibles amenazas vinculadas al crimen organizado o al terrorismo. Las autoridades sostienen que estas herramientas también ayudarán a agilizar los trámites de ingreso y salida del país.
Sin embargo, la iniciativa ha generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles, que advierten sobre la falta de claridad en el manejo y resguardo de la información biométrica, así como sobre posibles errores tecnológicos que podrían afectar a viajeros legítimos.
A este panorama se suma otra propuesta del gobierno federal presentada en diciembre, que exigiría a turistas de 42 países —entre ellos España— proporcionar información sobre sus perfiles en redes sociales de los últimos cinco años para ingresar bajo el programa ESTA. Mientras las autoridades defienden estas políticas como necesarias ante un escenario global cada vez más complejo, el debate sobre privacidad y vigilancia sigue abierto.
