Fotografía: Redacción CIgdl.
Washington, 27 de octubre de 2023 — En un fuerte pronunciamiento, el gobierno de Estados Unidos expresó su desacuerdo con las acciones de la Corte Penal Internacional (CPI), un organismo establecido en 2002 en La Haya para juzgar crímenes internacionales como genocidio y crímenes de guerra. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la CPI ha sobrepasado sus límites al intentar investigar a ciudadanos y funcionarios estadounidenses, lo que, según él, representa una amenaza a la soberanía del país.
En un artículo publicado en The Wall Street Journal, Rubio acusó a la corte de buscar ejercer una autoridad que va más allá de los sistemas judiciales nacionales, calificando a la CPI como una institución dominada por “burócratas globalistas no electos”. Además, cuestionó la legitimidad de sus decisiones y su intención de intervenir en asuntos internos de países que no reconocen su jurisdicción, en referencia a Estados Unidos.
El Departamento de Estado, por su parte, difundió fragmentos de las declaraciones del funcionario en sus canales oficiales, reforzando la postura de rechazo del gobierno estadounidense hacia la CPI. La organización, con sede en La Haya, fue creada para juzgar delitos de gran gravedad, pero Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, el tratado que dio origen a la corte, y mantiene una postura de no reconocimiento de su autoridad sobre sus ciudadanos.
Este enfrentamiento refleja las tensiones existentes entre Estados Unidos y la comunidad internacional respecto a la jurisdicción y la soberanía nacional, en un contexto donde la CPI busca consolidar su papel en la justicia global, mientras algunos países, como Estados Unidos, mantienen reservas y rechazos a su autoridad.
