Fotografía: Preciado.
Pese a que las máquinas tragamonedas ilegales han sido señaladas como una posible fuente de financiamiento para la delincuencia, el gobierno municipal de Guadalajara mantiene una postura ambigua y evasiva frente a este problema, limitándose a respaldar operativos encabezados por fuerzas federales y evitando asumir responsabilidades directas.
La presidenta municipal, Verónica Delgadillo, aseguró que el Ayuntamiento se encuentra en “coordinación” con el Ejército y la Guardia Nacional; sin embargo, ante cuestionamientos clave —como el diagnóstico policial, el número de máquinas retiradas, las colonias con mayor incidencia o las acciones municipales concretas— la alcaldesa remitió de manera reiterada a las autoridades federales, argumentando que ellas son las responsables de los operativos.
Incluso cuando se le recordó que el municipio cuenta con atribuciones para cancelar licencias a negocios que operen este tipo de máquinas, Delgadillo evitó comprometerse a ejercer dicha facultad y se limitó a señalar que el Ayuntamiento actuará “en la ruta que se establezca” por la Guardia Nacional, dejando claro que no habrá acciones adicionales por iniciativa municipal.
En cuanto a la propuesta del gobernador para que los municipios firmen convenios que permitan una mayor intervención del gobierno estatal, la presidenta municipal reconoció que Guadalajara no ha revisado dicha posibilidad y que, por ahora, no está contemplada la firma de ningún acuerdo. Insistió en que cada municipio tiene “sus propias dinámicas” y que la coordinación actual ha sido suficiente.
Aunque la alcaldesa presumió una reducción de delitos de alto impacto durante el primer año de su administración, no presentó datos específicos ni vinculó estos resultados a acciones directas del municipio en el combate a las tragamonedas ilegales. Por el contrario, dejó en claro que los operativos deben ser encabezados exclusivamente por la Guardia Nacional.
La falta de cifras, definiciones y compromisos concretos por parte del gobierno de Guadalajara refuerza la percepción de un Ayuntamiento que opta por el deslinde y la cautela política, en lugar de asumir un papel activo frente a un fenómeno que impacta directamente en la seguridad y la legalidad dentro del municipio.
