Fotografías: Redacción CIgdl.
Tepic, Nayarit. – La Fiscalía General de Nayarit se encuentra preparada para iniciar el juicio oral contra Sergio N., presunto autor intelectual del feminicidio de Ángela Birkenbach, tras más de tres meses de retraso en el proceso judicial. La noticia fue confirmada por la abogada Pamela Pinedo, representante legal de la familia Birkenbach, quien acompañado por Virginia Ann Hemingson, madre de la víctima, sostuvieron una reunión con la Fiscal General del Estado, Elvia Ludmila Heredia Verdugo.
Durante el encuentro, las partes expresaron su preocupación por las irregularidades detectadas en el proceso, además de exigir celeridad en el inicio del juicio. Pamela Pinedo afirmó que “la fiscalía está lista y tiene los elementos necesarios para llevar a Sergio N. a juicio y obtener una sentencia condenatoria, tanto para él como para Alejandro, quién también está implicado en el caso”. La abogada añadió que la Fiscalía se comprometió a cumplir con dicho compromiso y que el personal encargado cuenta con la capacitación adecuada para ello.
El caso lleva en la prisión a Sergio N. desde hace aproximadamente dos años. Sin embargo, la situación de sus hijos menores ha generado controversia. A pesar de estar imputado por feminicidio, en Jalisco, donde residen, no se ha aplicado la ley Monzón, que en Nayarit suspende automáticamente la patria potestad de quienes están en proceso por delitos de género y facilita la protección de los menores. Actualmente, estos niños mantienen convivencias con su padre en el penal, una situación que alarmó a la familia Birkenbach y a abogados defensores.
“Es inadmisible que en Jalisco permitan que los menores visiten a su padre en el penal, en medio de un proceso de feminicidio, sin ninguna protección efectiva”, aseguró Pamela Pinedo. La abogada comparó esta situación con el caso de Cecilia Monzón en Puebla, quien fue víctima de violencia de género por parte del padre de su hijo y cuyo caso impulsó la creación de la ley Monzón para garantizar los derechos de las víctimas y sus hijos.
Desde la perspectiva legal, la ley Monzón en Nayarit suspende automáticamente la patria potestad de los imputados vinculados a proceso por feminicidio, pero la jurisdicción en la que residen los menores impide que esta protección sea efectiva, ya que la Procuraduría de Jalisco, a través del DIF local, afirma no tener competencia en el asunto. La abogada criticó que “los niños continúan en una situación de vulnerabilidad, visitando a su padre en la cárcel y sin una protección adecuada, mientras las autoridades están atrapadas en una disputa jurisdiccional que pone en riesgo su bienestar emocional y físico”.
Por otra parte, la familia Birkenbach ha denunciado que existe una manipulación por parte de la familia del imputado, la cual ha logrado influir en los menores mediante ciertos acuerdos judiciales y restricciones impuestas a la abuela materna, Virginia Hemingson. La abogada expresó su preocupación por la negación de acceso a expedientes y a la revisión de los informes que puedan garantizar los derechos de los menores, además de denunciar que las instituciones en Jalisco parecen favorecer a la familia del sospechoso.
Virginia Hemingson, quien dejó Canadá hace más de un año para luchar por justicia, afirmó sentirse “profundamente consternada y frustrada”. Considera que las autoridades en Jalisco y Nayarit han permitido que se revictimice a su hija y que los menores sean utilizados como piezas en un juego de intereses que prioriza a los agresores en lugar de su protección.
