Fotografía: Redacción CIgdl.
La nueva reforma electoral anunciada por el gobierno federal huele menos a modernización democrática y más a ambición desmedida. Sin detalles claros y con un historial de intentos fallidos —los planes A y B de López Obrador— la iniciativa despierta sospechas fundadas: no busca corregir al sistema, sino torcerlo aún más a favor del oficialismo.
Resulta difícil justificar esta ofensiva política cuando el país enfrenta urgencias reales: inseguridad desbordada, una relación delicada con Estados Unidos, estancamiento económico y un prestigio internacional erosionado. En ese contexto, la reforma parece una distracción calculada para apuntalar el control electoral de Morena, no una prioridad nacional.
El obradorismo ya domina amplios espacios de poder: un Tribunal Electoral complaciente, un INE cuestionado por su cercanía con el gobierno y una maquinaria electoral aceitada con recursos y propaganda oficial. Si el triunfo está prácticamente garantizado, ¿por qué insistir en cambiar las reglas? La respuesta inquieta: porque nunca es suficiente cuando el objetivo es perpetuarse.
La sombra de un “obradorato” —una continuidad informal del poder desde el retiro presidencial— deja de ser una exageración retórica y empieza a parecer una advertencia. Esta reforma no fortalece la democracia; la encoge. Y cuando un régimen decide blindarse antes que rendir cuentas, el riesgo no es electoral: es autoritario.
