Fotografía: Redacción CIgdl.
El Gobierno de Jalisco volvió a demostrar que su prioridad no son las y los usuarios del transporte público, sino cuadrar fórmulas administrativas lejos de la realidad cotidiana. Con el aval del Comité Técnico Tarifario, se aprobó un aumento que eleva la tarifa general a 14 pesos y la preferencial a 7 pesos, una decisión que entrará en vigor en 2026 y se mantendrá —sin revisión real— hasta 2030. En los hechos, se trata de un golpe anticipado al bolsillo de millones de jaliscienses.
Aunque el discurso oficial insiste en que el incremento del 7.72 por ciento responde a una “fórmula legal” basada en combustibles, salarios e insumos, el gobierno elude una pregunta clave: ¿por qué el usuario debe pagar por un sistema que sigue siendo deficiente, inseguro e irregular? Unidades en mal estado, tiempos de espera excesivos, rutas saturadas y un servicio que no mejora al ritmo de los cobros siguen siendo la constante en el transporte público del estado.
El secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, presume como logro que la tarifa quede “congelada” hasta 2030. Sin embargo, ese congelamiento no protege a la ciudadanía: la obliga a aceptar desde ahora un precio calculado a cinco años, sin garantías claras de mejoras sustanciales en calidad, frecuencia o seguridad. Es un blindaje para el modelo gubernamental, no para el usuario.
El gobierno también intenta suavizar el impacto con el argumento de los descuentos y la gratuidad para sectores vulnerables. Pero estos apoyos dependen de trámites, padrones y subsidios que no siempre llegan a tiempo ni cubren a todas las personas que los necesitan. Mientras tanto, el aumento general sí será inmediato y parejo para quienes no califican en los programas sociales, en un contexto de crisis económica, salarios insuficientes y carestía generalizada.
Resulta especialmente preocupante que la decisión se tome bajo un esquema donde el Poder Ejecutivo tendrá la última palabra, pese a que la SETRAN es juez y parte: presenta la propuesta, la defiende y luego la ejecuta. La “representación ciudadana” en el Comité queda diluida frente a un proceso diseñado para justificar aumentos, no para defender a las y los usuarios.
El transporte público en Jalisco no es un lujo: es una necesidad diaria para trabajadores, estudiantes y familias enteras. Aumentar la tarifa sin resolver de fondo las fallas estructurales del sistema es una forma de trasladar el costo de la mala gestión a la ciudadanía. El mensaje del gobierno es claro: primero se cobra, luego —tal vez— se mejora. Y mientras tanto, la gente paga.
