Fotografía: Redacción CIgdl
La Fiscalía General de la República (FGR) volvió a colocarse en el centro de la polémica. Esta vez, no sólo por la judicialización de una investigación contra María Amparo Casar y dos ex funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino por la forma en que la institución ha intentado contener las críticas: con comunicados defensivos y sin aclarar de fondo por qué un caso de hace casi 20 años cobra nuevo impulso en este momento.
La FGR aseguró que la indagatoria “fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente”, durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, y rechazó que actúe “por consigna”, como —dijo— se ha señalado “dolosamente” en redes sociales. Sin embargo, la precisión sobre la fecha no responde a la pregunta central: ¿por qué un expediente relacionado con hechos ocurridos en 2004 avanza ahora hacia una audiencia judicial?
De acuerdo con lo revelado por La Jornada, el Ministerio Público Federal llevó ante un juez una carpeta de investigación en la que se acusa a Casar y a dos ex funcionarios de Pemex por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. El caso se relaciona con la pensión vitalicia de 125 mil pesos mensuales que Casar recibió tras el suicidio de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrido el 7 de octubre de 2004.
La audiencia inicial está programada para el próximo martes. Según documentos del Poder Judicial de la Federación, fueron citados a comparecer María Amparo Casar, Miguel Ángel Feijóo y Teresa Maldonado Ordóñez, quienes en ese entonces ocupaban cargos clave en el área financiera de Pemex. La judicialización, aunque legalmente posible, vuelve a poner sobre la mesa el problema crónico de la justicia tardía y selectiva en México.
En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la FGR insistió en que el Ministerio Público Federal “analiza detalladamente la indagatoria” para verificar que esté integrada conforme a derecho, y reiteró que actúa “sin sesgos”. No obstante, el tono enfático del desmentido contrasta con la ausencia de explicaciones sobre los criterios que llevaron a priorizar este caso frente a miles de investigaciones rezagadas.
La situación se agrava con los movimientos internos en la propia Fiscalía. Como parte de la reestructuración de la dependencia, este lunes se formaliza la salida de Adriana Campos López, titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos durante la gestión de Gertz Manero. Su área concentra más de mil 500 indagatorias por posibles faltas administrativas y delitos penales cometidos dentro de la institución, pero hasta el cierre de esta edición no se había informado quién la sustituirá.
Campos López formó parte de la FGR desde 2016 y ocupó cargos estratégicos como titular de la Visitaduría General, directora general de Asuntos Jurídicos y asesora del procurador. Su salida, sin una explicación pública ni un relevo anunciado, alimenta la percepción de desorden y falta de rendición de cuentas en una institución que debería ser ejemplo de legalidad.
Mientras la FGR insiste en que no trabaja por consigna, los tiempos de sus investigaciones, la comunicación reactiva y los cambios silenciosos en áreas clave siguen debilitando su credibilidad. En lugar de disipar las dudas, la Fiscalía parece confirmarlas: la justicia no sólo debe ser legal, también debe ser oportuna, transparente y convincente para una sociedad que desconfía cada vez más de sus instituciones.
