Fotografía: Redacción CIgdl.
La exigencia de justicia por el feminicidio de Ángela Birkenbach volvió a tomar fuerza en el centro de Guadalajara, donde su madre, Virginia Ann Hemingson, de 79 años, realizó una protesta para denunciar las irregularidades y omisiones del Poder Judicial de Jalisco en el caso. La mujer, debilitada tras dos años de trámites y resoluciones que califica como “corruptas e injustas”, terminó desvanecida en la Plaza de Armas después de permanecer bajo el sol.
Hemingson acusa que, lejos de proteger a las víctimas, las autoridades estatales han permitido decisiones que profundizan su sufrimiento: la familia del presunto feminicida, Sergio N., mantiene actualmente la tutela de los menores y su hermana fue nombrada albacea en el juicio sucesorio. Para la madre de Ángela, esto demuestra un sistema que perpetúa la violencia y que favorece a quienes están señalados por el crimen.
La canadiense también denunció la manipulación de sus nietos, quienes continúan visitando en prisión al padre imputado por feminicidio y mantienen contacto telefónico con él gracias a la intervención de su tía, pese al proceso penal vigente. Organizaciones y especialistas han señalado que esta situación vulnera el interés superior de la niñez.
Frente a esta crisis judicial, la diputada federal Claudia García Hernández anunció el impulso de la Ley Ángela, con la cual busca impedir que hijos de víctimas de feminicidio regresen al entorno familiar del agresor. La iniciativa nace directamente de las irregularidades documentadas en este caso.
Durante la manifestación, realizada en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se colocaron carteles y mantas que denunciaron la impunidad y la corrupción. Virginia Hemingson reiteró su demanda: justicia para su hija y protección para sus nietos, un derecho que —asegura— el Estado de Jalisco continúa negando.
