Fotografía. Redacción CIgdl.
Tras el artero asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el Gobierno Federal ha lanzado con bombo y platillo el llamado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia que, en los papeles, promete un andamiaje completo e integral para enfrentar la violencia en la región. Sin embargo, al analizar sus componentes y antecedentes, resulta evidente que esta respuesta, más que una solución de fondo, refleja una reacción reactiva y superficial ante una crisis que requiere mucho más que despliegues militares y discursos grandilocuentes.
El acto simbólico de la presidenta Claudia Sheinbaum visitando Michoacán con su gabinete y el gobernador Ramírez Bedolla busca proyectar unidad y determinación. Pero, en un país donde los datos de violencia y impunidad son alarmantes, la pregunta clave es si el aumento en el despliegue de soldados, drones y sistemas antimoviles es suficiente para cambiar el rumbo de un problema estructural. La historia reciente en Michoacán —que desde 2006 ha sido un laboratorio de políticas de seguridad militarizadas— evidencia que la militarización tiende a dispersar, más que a resolver, la violencia. La instalación de miles de elementos del Ejército y la Marina, la puesta en marcha de operativos y la intensificación de la presencia armada parecen repetir la misma receta condenada al fracaso.
El Plan de Operaciones “Paricutín” y su despliegue de más de 10 mil efectivos para “sellar” el estado generan dudas sobre si estamos ante una estrategia de contención o un intento de hacer visible un Estado que, en realidad, permanece ausente en la resolución de las causas profundas del conflicto. La historia ha dado varias advertencias: esas acciones militares, por muchas que sean, tienden a dispersar el crimen organizado en lugar de desmantelarlo, dejando intacto el tejido social desmoronado y la economía clandestina que alimenta tanta violencia.
Por supuesto, también hay aspectos positivos en el plan: el reconocimiento de la problemática de los productores de limón y aguacate, sectores que sufren extorsión y violencia, y los esfuerzos por fortalecer canales de denuncia anónima. Pero estas líneas de acción son paliativos, no la raíz del problema. Sin un programa de desarrollo económico, justicia efectiva y políticas sociales que aborden las condiciones mismas que generan violencia, la estrategia corre el riesgo de ser simplemente un retrato de fuerza, no de transformación.
En definitiva, el llamado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” pone sobre la mesa una contradicción clásica: aumentar la presencia militar y los operativos sin una verdadera reconexión social y política. La paz durable no se logra con más soldados y drones, sino con una reconstrucción profunda del tejido social, justicia y oportunidades. Hasta ahora, esta estrategia parece más un reflejo del miedo institucional que una apuesta real por cambiar las condiciones que alimentan la violencia. La pregunta sigue siendo: ¿cuánto más tendremos que esperar para ver una política de seguridad que no sea solo una muestra de fuerza, sino un camino hacia la paz social?
