Fotografía:Redacción CIgdl.
Asesinan en acto público al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en un ataque que revela una grave y alarmante realidad: la crisis de inseguridad que enfrenta nuestro país, y que, lamentablemente, sigue sin ser tomada con la urgencia que merece por parte del gobierno federal y, en particular, de la administración de Claudia Sheinbaum.
La violencia que cobró la vida de un líder comprometido con su comunidad no es un hecho aislado, sino una clara señal de que las políticas de seguridad implementadas hasta ahora han sido insuficientes y fallidas. La constante lucha contra las organizaciones criminales requiere acciones decididas, capacitación efectiva y recursos adecuados, no solo discursos y promesas vacías. La solicitud de Carlos Manzo, de hacer equipar la capacidad armamentística de las policías municipales, es una muestra de la desesperada necesidad de medidas más contundentes, que hasta ahora han sido ignoradas o minimizadas por las autoridades federales.
El hecho de que el alcalde haya solicitado apoyo a los niveles federal y estatal sin que su petición fuera atendida subraya una preocupación grave: la falta de una estrategia coordinada y efectiva para proteger a quienes luchan a diario contra la violencia. La inseguridad, lejos de disminuir, continúa en ascenso, dejando a comunidades enteras en un estado de vulnerabilidad y desamparo.
No podemos reducir lo ocurrido a un simple acto criminal más. Es una llamada de atención que debe ser tomada en serio, que evidencia que las políticas de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum están claramente fallando y que el costo de estas fallas lo pagan vidas como la de Carlos Manzo y su regidor compañero. La ciudadanía exige acciones reales, políticas de seguridad efectivas y responsables que pongan fin a esta ola de violencia y que protejan a quienes, como el alcalde de Uruapan, arriesgan sus vidas para luchar contra el crimen organizado.
Es momento de que las autoridades asuman su responsabilidad y entiendan que la seguridad no es un privilegio, sino un derecho fundamental. La indiferencia, la apatía o las respuestas superficiales no serán suficientes para remediar esta grave crisis.
