Fotografía: Archivo/CIgdl.
La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco confirmó que sigue abierta la investigación por presuntas omisiones de servidores públicos en el caso conocido como “Rancho Izaguirre”, ubicado en el municipio de Teuchitlán. El fiscal Gerardo de la Cruz Tovar aseguró que el proceso judicial continúa en marcha y que la audiencia clave está pendiente desde el pasado 30 de abril.
Durante una conferencia de prensa, De la Cruz Tovar explicó que, tras una revisión detallada de las actuaciones ministeriales, se identificó la posible responsabilidad de al menos 12 funcionarios. Entre ellos se encuentran peritos, elementos de la policía investigadora, agentes del Ministerio Público y un director, quienes habrían incurrido en omisiones graves durante las pesquisas relacionadas con presuntas actividades delictivas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación.
“El proceso no está cerrado ni archivado; está en etapa judicial y seguimos atentos a la resolución del juez”, recalcó el fiscal, respondiendo a versiones que apuntaban al cierre del caso.
El fiscal también respondió a los señalamientos de la defensa de los implicados, quienes aseguran que sus clientes son utilizados como “chivos expiatorios”. De la Cruz Tovar rechazó dicha versión y subrayó que la investigación se ha llevado con imparcialidad, aunque reconoció que el caso ha provocado fricciones entre distintas instituciones del sistema de justicia.
Uno de los puntos centrales de la indagatoria es la supuesta falta de exhaustividad en los actos de investigación. Según la Fiscalía, los peritos no habrían seguido los protocolos establecidos y algunos argumentaron que simplemente obedecían órdenes superiores, lo cual, indicó el fiscal, no los exime de responsabilidad.
“Los peritos no pueden limitarse a lo que les indique el Ministerio Público. Su deber es cumplir con los procedimientos técnicos y científicos establecidos”, señaló De la Cruz.
En cuanto a la posibilidad de ampliar las investigaciones hacia niveles superiores, el fiscal no descartó esa vía. Aunque por ahora las indagatorias se centran en los 12 servidores públicos ya señalados.
