Fotografía: Redacción CIgdl.
La falta de un marco legal específico en Jalisco deja desprotegidos a niñas, niños y adolescentes frente al creciente riesgo de ser reclutados por grupos criminales y otros actores violentos, advirtió este jueves el representante de UNICEF en México, Juan Pablo Rodríguez.
Durante una reunión con diputadas locales y autoridades judiciales, Rodríguez respaldó la iniciativa de la legisladora Mónica Magaña Mendoza, quien impulsa la creación de una Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes en la entidad. El representante de UNICEF subrayó que las normas actuales resultan insuficientes para abordar la complejidad del fenómeno.
“Las figuras jurídicas existentes no alcanzan a explicar ni atender lo que está ocurriendo. Se necesita una nueva ley que reconozca y proteja a las víctimas de este tipo de violencia”, señaló Rodríguez.
La propuesta legislativa contempla la creación de un programa estatal que articule esfuerzos de los tres niveles de gobierno y de los 125 municipios, con enfoque preventivo, de atención y protección para menores en situación de riesgo.
La diputada Magaña explicó que una de las prioridades será integrar una comisión estatal especializada que garantice la aplicación efectiva de la ley, además de establecer rutas claras para atender a las víctimas.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Justicia, Adriana Medina Ortiz, hizo hincapié en la necesidad de incluir definiciones precisas de víctima, reclutador y protocolos de intervención, así como mecanismos de participación infantil y adolescente, en línea con la Ley Orgánica vigente.
Por su parte, la vicefiscal especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, advirtió que el nuevo tipo penal debe contemplar todas las modalidades de reclutamiento, desde el engaño hasta la coerción directa, y estar acompañado de una estrategia de capacitación para jueces, fiscales y policías.
En el encuentro también participaron representantes del Poder Judicial, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, quienes coincidieron en la urgencia de legislar con enfoque integral y de derechos humanos.
La iniciativa busca cerrar el vacío legal que, hasta ahora, ha dejado a miles de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad ante uno de los delitos más graves y menos visibilizados en el pais
