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En un pronunciamiento contundente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco anunció que presentará amparos colectivos y quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), como una medida para denunciar la persistente problemática en la calidad del agua que enfrenta la capital del estado.
La dirigencia priista rechazó el reciente incremento en las tarifas aprobado para el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), señalando que esta decisión, avalada por diputados de Movimiento Ciudadano y Morena, agrava aún más la situación de los usuarios, quienes enfrentan bajos niveles de presión, cortes frecuentes y condiciones insalubres en el suministro.
Laura Haro Ramírez, presidenta del PRI en Jalisco, afirmó que los problemas como las inundaciones recurrentes y la mala calidad del agua persisten, mientras que las autoridades parecen centrarse en polémicas políticas en lugar de atender las causas estructurales. La dirigente también acusó a la administración pasada de dejar contratos con “aviadores” que cobran hasta 73 mil pesos mensuales sin realizar trabajo alguno, creando un escenario de corrupción y desmandos económicos.
Asimismo, Haro Ramírez resaltó que más de 17 mil millones de pesos en cartera vence, reflejando el descontento social con un sistema que no cumple con las expectativas mínimas de los usuarios. La situación, señaló, afecta tareas básicas en los hogares, como la higiene y el consumo diario.
Por otra parte, el diputado local Aurelio Fonseca expresó su preocupación por el descuido en las gestiones recientes, denunciando que “no hay agua ni vergüenza” y que las autoridades han olvidado que el acceso al agua es un derecho fundamental. Añadió que la falta de inversión y una mala gestión han perpetuado la crisis en el servicio.
Desde el Congreso, la legisladora Fausto acusó que las decisiones sobre el manejo del agua se toman a puertas cerradas, sugiriendo una complicidad entre los partidos Movimiento Ciudadano y Morena que perjudica a los ciudadanos, quienes ven cómo su derecho a un servicio básico se ve vulnerado día tras día.
