Fotografía: archivo
Pablo Lemus Navarro Gobernandor de Jalisco asi como el Procurador de Protección al Medio Ambiente, Iker Frangie, anunciaron este jueves el fin de un largo proceso legal y la firma de un acuerdo que obliga a la empresa CAABSA Eagle a remediar los predios de Los Laureles y Matatlán, utilizados como rellenos sanitarios durante décadas en Guadalajara y Tonalá.
Tras una demanda impulsada por el gobierno estatal para exigir la reparación ambiental, la compañía se comprometió a realizar trabajos de remediación en ambos sitios, en un plazo máximo de dos años. Como garantía de cumplimiento, CAABSA entregará una fianza de 341 millones de pesos, cifra que duplica el monto inicialmente considerado para la remediación en Los Laureles, estimado en unos 120 millones de pesos, según el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez.
“Este es un logro sin precedentes en justicia ambiental. Logramos que CAABSA Eagle acepte de manera formal su responsabilidad y se comprometa a devolverle a estos espacios su integridad ecológica”, afirmó Lemus Navarro en rueda de prensa. El gobernador resaltó que, además de garantizar la recuperación ambiental, el acuerdo contempla acciones específicas como estudios de ingeniería, reconfiguración de los terrenos y la sustitución de coberturas superficiales con materiales adecuados, como tepetate, para evitar riesgos de deslizamientos y la generación descontrolada de lixiviados y gases dañinos.
Iker Frangie, por su parte, explicó que los trabajos incluirán la instalación de sistemas para captar y tratar lixiviados, así como la reforestación de las áreas intervenidas, con el objetivo de crear una barrera natural y recuperar el equilibrio ecológico del entorno. Además, resaltó que CAABSA ha sido la primera empresa en reconocer plenamente su responsabilidad ambiental y en aceptar la obligación de remediar los daños provocados por años de operación sin una adecuada supervisión.
El Procurador agregó que, en caso de incumplimiento, los recursos garantizados por la fianza podrán ser utilizados para realizar las acciones de reparación necesarias. También informó que, tras el proceso penal, se presentaron denuncias formales en contra de la empresa por daños al medio ambiente, lo que demuestra la voluntad de las autoridades por defender la protección de recursos naturales.
En el ámbito social, Lemus Navarro invitó a las comunidades de Tonalá, El Salto, Zapotlanejo, Juanacatlán y el oriente de Guadalajara a decidir qué destino desean para estos terrenos recuperados, como parques o bosques urbanos, asegurando que el gobierno invertirá en la rehabilitación de los espacios públicos una vez concluidos los trabajos de remediación.
