Fotografía: Redacciòn CIgdl.
La reciente revelación de un presunto campo de exterminio en Teuchitlán ha desatado una ola de indignación y preocupación en la sociedad jalisciense, poniendo en entredicho la actuación del gobierno estatal, liderado por Ex gobernador Enrique Alfaro, así como del gobierno federal. Organizaciones de derechos humanos y ciudadanos han expresado sus dudas sobre la transparencia y la eficacia de las autoridades en el manejo de la crisis de personas desaparecidas en la región.
El rancho en cuestión fue asegurado por la Guardia Nacional en septiembre de 2024, tras investigaciones que indicaban su uso por parte del crimen organizado para el adiestramiento y reclutamiento de personas. Sin embargo, la culminación de esta operación ha sido recibida con escepticismo, ya que muchos sostienen que el exmandatario Alfaro estaba al tanto de la situación y, en vez de actuar, optó por minimizarla o incluso encubrirla, priorizando su imagen política ante el inminente escándalo.
Con el aumento constante de personas desaparecidas en Jalisco, la salida de Ex gobernador Alfaro hacia España, alegando razones personales y académicas —en particular su deseo de ser entrenador de fútbol— ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de escapar de la presión y la rendición de cuentas. Su partida coincide con un momento crítico en el que su administración enfrentaba crecientes críticas por su gestión de la crisis forense y de seguridad, lo que ha llevado a cuestionar la integridad de su legado político.
En medio de este contexto, la figura de Ex gobernador Enrique Alfaro, como líder de Movimiento Ciudadano en Jalisco, se encuentra en la cuerda floja. La reputación del partido y del actual gobierno de Pablo Lemus está en juego, lo que ha llevado a su círculo cercano a tomar medidas para proteger su imagen y desvincularlo de cualquier responsabilidad en el caso de Teuchitlán. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿sentirá Alfaro algún tipo de remordimiento por la crisis de desaparecidos o, como ha hecho en ocasiones anteriores, tratará de desviar la atención sobre un problema que sigue sacudiendo a la sociedad jalisciense?
La falta de respuestas claras por parte de las autoridades estatales y federales ha intensificado el clamor social por justicia y transparencia. Activistas y familiares de desaparecidos exigen respuestas contundentes y un compromiso real para abordar la crisis de manera efectiva. La situación ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de un cambio en la estrategia de seguridad y en la protección de los derechos humanos en Jalisco y en el país.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la sociedad civil observa con atención las acciones de sus gobernantes, exigiendo no solo justicia por los desaparecidos, sino también una rendición de cuentas que no solo se limite a discursos políticos, sino que se traduzca en acciones efectivas contra la impunidad y la violencia que asola al estado.
