Fotografía: Cortesía/Congreso del Estado.
El 11 de octubre, una manifestación masiva en frente de Casa Jalisco se tornó en un escenario de tensión, dejando un saldo de 84 personas lesionadas, 39 detenidos y 17 policías bajo investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos. Este operativo, que reunió a unas 9,500 personas en su mayoría pacíficas, es parte de una serie de acciones que el Gobierno del Estado de Jalisco está analizando minuciosamente tras la controversia generada.
Durante una comparecencia ante los diputados del Congreso de Jalisco, el coordinador del Gabinete de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, proporcionó detalles sobre los hechos. Según su informe, 48 civiles, 32 policías y cuatro bomberos resultaron heridos en los disturbios que se produjeron en medio de la protesta, que abogaba por la mejora de la calidad del agua en la región. La cifra de lesionados destaca tanto la vulnerabilidad de los manifestantes como la de los cuerpos de seguridad ante un ambiente que rápidamente se volvía hostil.
A pesar de que la mayoría de la manifestación transcurrió pacíficamente, las autoridades procedieron a la detención de 39 personas, de las cuales 21 eran hombres y 18 mujeres. En el desarrollo de los acontecimientos, la Fiscalía de Jalisco explicó que tras evaluar las circunstancias, 32 de los detenidos fueron liberados, mientras que siete enfrentaron juicios orales. La supervisión de estos procedimientos incluyó la participación de la Vicefiscalía en Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, asegurando que se respetaran las garantías individuales.
El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, subrayó que la integridad de los elementos policiales también es crucial en este contexto. Diecisiete oficiales han sido identificados para una revisión minuciosa por actuación irregular, mientras que los 237 elementos que participaron en el operativo deberán rendir cuentas ante Asuntos Internos. Hernández hizo hincapié en que la revisión no implica una culpabilidad automática.
El Gabinete de Seguridad ha manifestado su compromiso de colaborar con las autoridades competentes y con organismos de derechos humanos. Alarcón menciona que toda acción disciplinaria se basará en pruebas concretas y cumplirá con los procedimientos necesarios para esclarecer responsabilidades.
