Fotografía: Enríquez/Archivo
El financiamiento del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara enfrenta cuestionamientos en el Congreso de Jalisco, luego de que el diputado Tonatiuh Bravo Padilla advirtiera que el costo proyectado del proyecto pasó de 6 mil 500 millones a 11 mil 921 millones de pesos, mientras el compromiso de pago podría alcanzar casi 40 mil millones de pesos a lo largo de 20 años.
Durante una sesión legislativa, el vocal de la Comisión de Hacienda, integrante de Hagamos, puso en duda las diferencias entre las cifras presentadas en abril de 2025 por la Secretaría de Hacienda estatal y las expuestas en octubre de 2026. También pidió precisar el monto real de la obra y las condiciones bajo las cuales se contrataría su financiamiento.
De acuerdo con las cifras expuestas por el legislador, el esquema a 20 años representaría pagos por un total de 39 mil 688 millones de pesos, con desembolsos anuales aproximados de 2 mil 538 millones. Si el contrato se extiende a 25 años, advirtió, la deuda estatal podría llegar a 81 mil 172 millones de pesos, frente a los 32 mil 876 millones que actualmente reporta la Secretaría de Hacienda como deuda pública.
Bravo Padilla señaló que el análisis no debe limitarse a la construcción del acueducto, sino que también debe considerar las inversiones necesarias para el saneamiento del agua, la reestructuración del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y las obras relacionadas con la presa El Zapotillo.
Por su parte, el coordinador de Morena en el Congreso local, Miguel de la Rosa Figueroa, sostuvo que su bancada no respaldará mecanismos que impliquen la privatización del servicio de agua potable. Planteó que se busquen recursos públicos para financiar la infraestructura y que el Gobierno federal participe en las obras de captación y abastecimiento que requiere Guadalajara.
Entre los proyectos que mencionó se encuentran mejoras en los sistemas de captación y distribución, así como adecuaciones en la planta potabilizadora de San Gaspar.
La discusión mantiene en el centro del debate la viabilidad financiera del acueducto, el origen de los recursos y las obligaciones que asumiría el estado durante las próximas décadas. Mientras se analiza la iniciativa, los legisladores deberán revisar los costos, los plazos de pago y las condiciones del contrato, además de establecer cómo se garantizará el suministro de agua sin comprometer de manera desproporcionada las finanzas públicas de Jalisco.
