Fotografía: Redacción CIgdl.
El sistema de salud mexicano enfrenta cuestionamientos que no pueden seguir ocultándose detrás de discursos políticos ni promesas de transformación. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum habla de bienestar y justicia social, miles de pacientes y trabajadores de la salud se enfrentan a una realidad que exige respuestas: escasez de medicamentos e insumos, suspensión de cirugías y personal que, en algunos casos, ha tenido que poner dinero de su propio bolsillo para poder atender a los pacientes.
¿De qué sirve presumir programas sociales si no se garantiza algo tan fundamental como el derecho a la salud? Los apoyos económicos pueden representar un alivio para millones de familias, pero no sustituyen hospitales equipados, medicamentos disponibles, quirófanos funcionando ni personal médico con condiciones laborales dignas. El presupuesto público debe atender las necesidades de la población sin sacrificar un servicio esencial como la salud.
La pregunta es inevitable: ¿qué pasó con los recursos destinados al sistema sanitario y por qué persisten las carencias que denuncian pacientes y trabajadores? No basta con anunciar medidas de emergencia cuando los problemas ya son evidentes. La ciudadanía merece conocer cuánto dinero se ha asignado, cuánto se ha ejercido, en qué se ha gastado y cuáles son los resultados concretos de ese presupuesto.
Y aquí también debe ponerse bajo la lupa la responsabilidad de Zoé Robledo, director general del IMSS. ¿Qué acciones ha emprendido para garantizar el abastecimiento de medicamentos, el funcionamiento de los quirófanos y la atención oportuna de los derechohabientes? ¿Qué resultados puede presentar y quién responde cuando una operación se suspende por falta de insumos? La rendición de cuentas no debería depender de la voluntad política, sino ser una obligación de cualquier funcionario público.
También hay que cuestionar el silencio de los empresarios que sostienen buena parte del financiamiento del IMSS mediante las cuotas obrero-patronales. ¿Dónde están sus exigencias de transparencia? ¿Qué mecanismos impulsan para conocer cómo se administran esos recursos? ¿Por qué no existe una exigencia pública más contundente cuando las deficiencias del sistema afectan a trabajadores, patrones, pensionados y sus familias?
No se trata de descalificar los programas sociales ni de enfrentar a los beneficiarios con los pacientes. Se trata de exigir prioridades presupuestarias transparentes, administración responsable y resultados verificables. La salud no debe convertirse en moneda de cambio político ni en una promesa que se repite mientras los pacientes esperan medicamentos y los trabajadores buscan cómo resolver carencias que no les corresponden.
Y si el IMSS-Bienestar necesita entrar en terapia intensiva, la pregunta es quién permitió que llegara a ese punto y quién asumirá las consecuencias. ¿Bastará con cambiar nombres, anunciar nuevas estrategias y presentar discursos optimistas? ¿O finalmente se transparentarán las cuentas, se corregirán las fallas y se garantizará que cada peso destinado a la salud llegue a donde debe llegar?
Porque de poco sirve hablar de transformación si, al momento de necesitar atención médica, una persona se encuentra con un hospital sin insumos, una cirugía pospuesta o medicamentos que debe comprar con dinero que muchas veces no tiene.
El bienestar no se mide en discursos, propaganda ni cifras presumidas. Se mide en hospitales que funcionan, medicamentos que se entregan, cirugías que se realizan a tiempo y vidas que pueden salvarse.
La salud pública no admite simulaciones ni excusas interminables. Los ciudadanos merecen respuestas, los trabajadores merecen condiciones dignas y las autoridades tienen la obligación de rendir cuentas.
¡La pregunta sigue en el aire: dónde está el dinero, quién está vigilando su destino y quién va a responder por las deficiencias del sistema de salud mexicano!
