Fotografía: Redacción CIgdl.
• La crisis por el regreso de Rocha escala en Sinaloa mientras la DEA señala posibles vínculos entre funcionarios y cárteles; Sheinbaum enfrenta la presión interna de Morena y Harfuch advierte que el poder es pasajero, pero las responsabilidades permanecen.
La revuelta política en Sinaloa ya no es un asunto interno de Morena. Ciudadanos y empresarios salieron a las calles para exigir la salida de Rubén Rocha Moya; el Congreso estatal suspendió la sesión en la que debía discutirse la designación de un gobernador interino y el gobierno federal tomó distancia de un regreso que la propia Claudia Sheinbaum calificó de “no pertinente”. En paralelo, Terry Cole, director de la DEA, lanzó una advertencia de mayor alcance: “hay funcionarios de alto nivel en México que trabajan con los cárteles”.
El mensaje de Washington encontró eco, desde México, en Omar García Harfuch. El secretario de Seguridad advirtió que “los cargos y el poder que hoy tenemos son efímeros, pero nuestra responsabilidad no”. La frase puede leerse como una posición institucional, pero en el contexto de la crisis sinaloense adquiere el tono de una advertencia política: los puestos terminan, los gobiernos cambian y las investigaciones permanecen.
Estados Unidos acusa a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de presuntos vínculos con Los Chapitos. Entre ellos están Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares y el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez, quien ya se entregó a la justicia estadounidense. Cole, además, advirtió a Los Chapitos que pueden terminar como El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada, con cadena perpetua.
Sheinbaum confirmó que la FGR mantiene abiertas investigaciones sobre las personas señaladas, aunque precisó que Estados Unidos todavía no ha entregado a México las pruebas que sustenten sus acusaciones. La Presidenta tampoco ocultó su molestia por el regreso de Rocha: dijo que se enteró por redes sociales y que “no me parecía pertinente” que retomara el cargo sin una consulta previa.
El episodio terminó como comenzó: con una crisis política. Rocha volvió a la gubernatura y posteriormente solicitó nuevamente licencia, mientras ciudadanos y empresarios exigían un gobernador interino sin vínculos con su grupo político. El Congreso de Sinaloa suspendió la sesión extraordinaria para abordar el relevo y dejó pendiente una nueva fecha.
Detrás de esta sucesión de acontecimientos está el verdadero conflicto: la autoridad de Sheinbaum frente al ala dura de Morena. Diversos columnistas habían advertido que, si Rocha insistía en mantenerse en el cargo, el conflicto podía llevarse al terreno legislativo mediante un eventual juicio político. No fue necesario llegar a ese punto, pero la advertencia mostró que el gobierno federal estaba dispuesto a elevar el costo político del desafío.
A ello se suma un nuevo elemento en la investigación del caso Sinaloa. De acuerdo con información obtenida por El Financiero de la FGR, Fausto Corrales afirmó que recibió instrucciones de Los Chapitos para sostener una versión falsa sobre la muerte de Héctor Melesio Cuén. Según su testimonio, Cuén no habría muerto en una gasolinera, sino en el mismo lugar donde fue secuestrado El Mayo Zambada. El señalamiento coincide con la versión que había sostenido Zambada y con elementos de la investigación de la FGR, pero por sí mismo no acredita responsabilidad penal de Rocha.
Lo que sí hace es mantener abierto uno de los episodios más delicados de la crisis sinaloense: qué ocurrió realmente con Cuén y quién participó en la construcción de la primera versión de los hechos.
El otro frente es Andrés Manuel López Beltrán. La encuesta nacional de El Universal muestra una opinión pública dividida, pero incómoda para Morena: 64.4% cree que Estados Unidos tiene pruebas contra Andy, aunque 50.1% considera que la cancelación de su visa responde principalmente a razones políticas. El 48.8% coincide con él en que la medida fue “politiquera” y propagandística.
La sociedad, por tanto, no está comprando por completo ninguna de las dos versiones. Una parte considera que Washington utiliza las visas como mecanismo de presión, pero simultáneamente cree que detrás puede haber pruebas graves.
Ese es el problema de fondo para Morena. La defensa de la soberanía y del debido proceso no puede convertirse en un blindaje automático de los propios. Y tampoco las acusaciones de Estados Unidos pueden sustituir a las investigaciones y las pruebas que deben presentar las instituciones.
La frase de Harfuch adquiere aquí toda su dimensión: los cargos son efímeros, la responsabilidad no. Es precisamente lo que está en juego en Sinaloa: si el poder sirve para proteger políticamente a los funcionarios o para garantizar que, cuando llegue el momento, cada uno responda por sus actos.
Washington ya puso nombres sobre la mesa. La FGR mantiene abiertas las investigaciones. Sinaloa exige un relevo independiente y el Congreso sigue sin resolverlo. Y Sheinbaum enfrenta una prueba que va más allá de Rocha: demostrar que en su gobierno el poder no es sinónimo de impunidad.
@JErnestoMadrid
jeemadrid@gmail.com
