Fotografía: Redacción CIgdl.
• El chofer de Melesio Cuén puede convertirse en una pieza clave para esclarecer el asesinato del exrector y el secuestro de “El Mayo” Zambada, mientras el caso vuelve a colocar a Rocha Moya bajo presión.
La detención de Fausto Corrales, chofer de Héctor Melesio Cuén, vuelve a abrir uno de los expedientes más incómodos de Sinaloa: el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa ocurrido el mismo día en que Ismael “El Mayo” Zambada fue llevado contra su voluntad a Estados Unidos, según la versión que ha sostenido el capo.
Corrales fue detenido este miércoles en la Ciudad de México por agentes de la Fiscalía General de la República, acusado de probable encubrimiento del homicidio de Cuén y de falsedad en sus declaraciones. Para la FGR, sus contradicciones habrían obstaculizado el esclarecimiento de los hechos.
Pero su importancia no está solamente en los delitos que ahora se le imputan. Está en lo que podría saber.
Corrales acompañaba a Cuén aquel 25 de julio de 2024 y, de acuerdo con la investigación, habría estado presente en los acontecimientos relacionados con la reunión en la que también habría sido secuestrado “El Mayo”. Su declaración, por tanto, puede ayudar a reconstruir qué ocurrió realmente aquel día.
Y aquí aparece nuevamente Rubén Rocha Moya.
No porque exista una acusación formal en su contra ni porque esté acreditada alguna responsabilidad. No lo está. Sino porque Cuén era uno de sus principales adversarios políticos y su asesinato quedó inevitablemente vinculado con el episodio que terminó con Zambada en una prisión estadounidense.
Rocha Moya ha negado cualquier participación y ha sostenido que se encontraba fuera de México. Pero la detención de Corrales vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que permanece sin respuesta definitiva: ¿Qué ocurrió realmente en Sinaloa el 25 de julio de 2024?
Si Corrales aporta información distinta a la que había declarado, la FGR podría reconstruir el asesinato de Cuén y establecer nuevas líneas de investigación. Y si esas líneas llegaran a involucrar a funcionarios o actores políticos, el expediente podría adquirir una dimensión mayor.
Eso no significa que exista una solicitud de extradición contra Rocha Moya. No existe públicamente tal petición. Pero tampoco puede ignorarse que Estados Unidos ha incrementado la presión sobre políticos y funcionarios mexicanos mediante investigaciones, restricciones de visa y señalamientos relacionados con posibles vínculos con el crimen organizado.
Aquí aparece otra lectura: la soberanía.
El gobierno de Claudia Sheinbaum puede estar interesado no sólo en esclarecer el caso Cuén-Zambada, sino también en evitar que Estados Unidos termine determinando, desde sus tribunales, cómo se investigan los asuntos más delicados de México.
Porque el traslado de “El Mayo” a territorio estadounidense, sin una operación reconocida por el gobierno mexicano, dejó abierta una pregunta que todavía pesa en la relación bilateral: ¿quién controla las investigaciones cuando el crimen organizado cruza las fronteras, pero la política también lo hace?
La respuesta de Sheinbaum parece ser cada vez más clara: México quiere cooperar con Estados Unidos, pero sin renunciar al control de sus propios expedientes. Y Fausto Corrales puede tener una parte de esa respuesta. Porque esta vez el dato importante no es sólo que lo detuvieron. Es lo que podría estar dispuesto a contar.
@JErnestoMadrid
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