Fotografía: Redacción CIgdl.
• La presidenta descarta que la FGR investigue a López Beltrán pese a reportes, testimonios y señalamientos que lo vinculan con el contrabando de combustible; mientras Washington mantiene presión sobre figuras de Morena, Palacio Nacional insiste en que la visa es un asunto político.
Hay una pregunta que empieza a ser difícil de esquivar: ¿por qué cada vez que una investigación alcanza a un personaje relevante de Morena, la primera reacción del gobierno es explicar por qué no debe investigarse?
Claudia Sheinbaum volvió a hacerlo este martes con Andrés Manuel López Beltrán. La presidenta aseguró que Andy “no estuvo en el radar” de la Fiscalía General de la República y descartó que la cancelación de su visa estadounidense sea razón para abrirle una investigación por presuntos vínculos con el huachicol fiscal.
El argumento, jurídicamente, es impecable en lo elemental: una visa cancelada no constituye por sí misma una prueba de delito. El problema aparece cuando esa explicación termina funcionando como una especie de blindaje político anticipado frente a información que sí merece ser investigada.
Carlos Loret de Mola difundió audios en los que aparece Amílcar Olán, cercano a Andy y a su hermano Bobby López Beltrán, hablando sobre presuntos acuerdos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación para proteger negocios en Veracruz. Los audios, por supuesto, deben ser autenticados y contextualizados antes de convertirlos en prueba judicial. Pero precisamente por eso corresponde investigar, no descartar.
A ello se suman versiones periodísticas sobre testimonios de colaboradores y expedientes relacionados con el huachicol fiscal. Xóchitl Gálvez planteó públicamente que la cancelación de la visa podría estar relacionada con esas investigaciones.
Sheinbaum respondió que se trata de “un asunto político” y preguntó por qué la FGR tendría que investigar a alguien simplemente porque Estados Unidos le retiró la visa.
La pregunta correcta, sin embargo, podría ser exactamente la contraria: si la visa no es una prueba, ¿por qué no investigar de manera independiente los señalamientos que existen en México?
Raymundo Riva Palacio sostiene, con base en fuentes estadounidenses, que el problema es mucho más profundo: afirma que en Palacio Nacional existe conocimiento de investigaciones estadounidenses relacionadas con el contrabando de combustible y que Andy habría aparecido en información de inteligencia vinculada con el caso Challenge Procyon. También coloca en ese entorno a Adán Augusto López Hernández, Mario Delgado y Jesús Ramírez Cuevas.
Son afirmaciones periodísticas, no sentencias judiciales. Pero tienen una consecuencia política evidente: la explicación oficial ya no puede reducirse a que Washington está actuando por razones políticas.
Porque Washington no sólo retiró una visa. Estados Unidos ha incrementado la presión sobre políticos mexicanos y mantiene abierta una agenda de seguridad que incluye narcotráfico, fentanilo, huachicol y presuntos vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales.
Y mientras tanto, el gobierno mexicano parece aplicar una curiosa regla de protección selectiva: cuando el señalamiento alcanza a un opositor, se exige investigación; cuando toca a un integrante de la familia política de López Obrador, primero se explica por qué no hay motivo para investigar. La ironía es que Sheinbaum dice no proteger a nadie, pero termina protegiendo políticamente a quien fue colocado en el centro de la controversia.
Y el momento tampoco es menor. Esta semana comienza a circular Narcocracia, de Anabel Hernández, cuyo contenido incorpora testimonios de Sergio Villarreal, El Grande, entregados tanto a la periodista como a fiscales estadounidenses. Hernández ha sostenido que esos testimonios alcanzan a personajes de la política mexicana y que incluyen referencias al entorno de López Obrador.
Nuevamente: testimonio no significa sentencia. Pero cuando existen testimonios, audios, investigaciones periodísticas y señales provenientes de Washington, la respuesta democrática no debería ser cerrar el expediente antes de abrirlo. Porque el verdadero problema para la presidenta ya no es la visa de Andy.
Es explicar por qué el hijo de su mentor político parece merecer una consideración distinta a la que tendría cualquier otro ciudadano señalado por posibles vínculos con el crimen organizado o el contrabando de combustible. Y eso, por más que Palacio Nacional intente presentarlo como injerencia extranjera, ya es un asunto mexicano.
@JErnestoMadrid
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