Fotografía: Redacción CIgdl.
• La designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas, las nuevas acusaciones de la DEA y el reconocimiento tardío de la FGR sobre “El Jando” muestran que mientras el gobierno mexicano centra su discurso en la soberanía por el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, Estados Unidos continúa ampliando sus investigaciones contra las estructuras del crimen organizado.
Mientras en Palacio Nacional el debate sigue girando en torno a la presunta violación de la soberanía mexicana por la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, en Washington la estrategia avanza por otro camino: ampliar el cerco jurídico, financiero y político contra los cárteles mexicanos y quienes hayan facilitado sus operaciones.
La designación del Cártel de Juárez y de Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) por parte del Departamento del Tesoro no es un hecho aislado. Se suma a las declaraciones del administrador de la DEA, Terry Cole, sobre la existencia de una “conexión mortífera” entre organizaciones criminales y funcionarios corruptos en México, así como al reconocimiento de la Fiscalía General de la República de que identificó plenamente a Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, casi un año después de haberlo entregado a las autoridades estadounidenses.
Con esta decisión, Washington ya considera organizaciones terroristas al Cártel de Sinaloa, CJNG, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Cártel de Juárez y Los Viagras. La medida no sólo implica congelamiento de activos y sanciones financieras; también fortalece las herramientas legales para perseguir en tribunales estadounidenses a integrantes, operadores financieros, empresas fachada y cualquier persona que haya brindado apoyo material a estas organizaciones.
En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones de la DEA, calificándolas de “políticas”, “sin fundamento” y “desafortunadas”, al tiempo que sostuvo que la agencia estadounidense debería concentrarse en los problemas internos de su país.
Sin embargo, el endurecimiento del discurso estadounidense no parece responder a un episodio aislado. Durante los últimos años, informes del Departamento del Tesoro, la DEA y distintos procesos judiciales en cortes federales han sostenido que las organizaciones criminales mantienen redes permanentes de corrupción para garantizar sus operaciones.
La mayor contradicción provino de la propia Fiscalía mexicana. La FGR informó que fue hasta junio de 2026 cuando confirmó, mediante peritajes de voz y huellas dactilares, que “El Jando” era el piloto que trasladó a “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López hacia Nuevo México en junio de 2024.
El dato resulta relevante porque ese mismo personaje había sido expulsado a Estados Unidos desde agosto de 2025 junto con otros 25 integrantes del crimen organizado bajo la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, la autoridad mexicana confirmó plenamente su identidad casi diez meses después de haberlo entregado a las autoridades estadounidenses.
Mientras México mantiene el foco político en la discusión sobre la soberanía derivada del caso Zambada, Estados Unidos continúa fortaleciendo una estrategia distinta: ampliar designaciones por terrorismo, endurecer sanciones financieras y construir expedientes judiciales que podrían alcanzar no sólo a integrantes de los cárteles, sino también a sus redes de apoyo.
Los hechos de los últimos días reflejan dos agendas que avanzan en paralelo. En México se intenta cerrar el debate político sobre “El Mayo”; en Washington, todo indica que la investigación apenas comienza.
@JErnestoMadrid
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