Fotografía: Redacción CIgdl.
• Mientras el gobierno inyecta más de 100 mil millones de pesos para sostener financieramente a Pemex, la Fiscalía reactiva el caso Agronitrogenados contra la familia Lozoya y reabre uno de los mayores símbolos de corrupción petrolera. La coincidencia inevitablemente abre preguntas políticas y financieras.
En política pocas coincidencias son casuales. Y esta semana México volvió a ofrecer una escena que obliga a mirar más allá de los hechos aislados.
Por un lado, el gobierno federal tuvo que transferir más de 100 mil 400 millones de pesos durante el primer semestre de 2026 para sostener financieramente a Petróleos Mexicanos, una empresa que continúa dependiendo de rescates públicos para enfrentar vencimientos de deuda, refinanciar pasivos y mantener operaciones básicas.
Por otro lado, casi de manera simultánea, la Fiscalía General de la República decidió reactivar sorpresivamente uno de los expedientes de corrupción petrolera más emblemáticos del sexenio pasado: el caso Agronitrogenados, ordenando la detención de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
La sincronía no pasa desapercibida. El expediente Agronitrogenados representa uno de los capítulos más costosos de corrupción dentro de Pemex. La operación se remonta a 2013, cuando bajo la dirección de Emilio Lozoya, Pemex adquirió a sobreprecio una planta de fertilizantes prácticamente inservible a Altos Hornos de México, entonces encabezada por Alonso Ancira Elizondo, por 275 millones de dólares.
La acusación original sostenía que Lozoya habría recibido sobornos por aproximadamente 3.4 millones de dólares derivados de aquella operación. Pero en agosto de 2023, un juez dejó sin efecto parte central del proceso contra Lozoya luego del acuerdo reparatorio firmado por Ancira con el gobierno federal, quien se comprometió a devolver poco más de 200 millones de dólares.
Ahora, inesperadamente, la Fiscalía decidió avanzar contra Gilda Lozoya bajo acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita, señalándola como beneficiaria de una estructura financiera vinculada a empresas fachada, cuentas en bancos suizos y transferencias millonarias presuntamente utilizadas para ocultar recursos ligados a la operación. Todo esto ocurre mientras Pemex sigue atrapado en una realidad mucho más delicada.
De acuerdo con información entregada por la propia petrolera a la SEC estadounidense, entre enero y junio el gobierno de Claudia Sheinbaum transfirió 100 mil 400 millones de pesos a la empresa estatal, cifra superior incluso al apoyo otorgado el año pasado.
Aunque Pemex reportó cierta mejora en liquidez —que subió a 247 mil millones de pesos— la petrolera reconoció que seguirá dependiendo durante el resto del año de nuevas aportaciones públicas, líneas de crédito y refinanciamiento para enfrentar deuda, inversiones y operación cotidiana. Y ahí aparece la lectura incómoda.
Cada nuevo rescate a Pemex significa recursos públicos destinados a sostener una empresa cuya deuda continúa siendo una de las más grandes entre petroleras del mundo. Por eso la reactivación del caso Lozoya inevitablemente genera preguntas.
¿Estamos frente a un intento legítimo por recuperar activos vinculados a la corrupción del pasado? ¿O el gobierno busca reconstruir políticamente la narrativa de combate anticorrupción justo cuando Pemex vuelve a convertirse en un problema financiero que exige cantidades multimillonarias de dinero público?
Porque el dato de fondo es brutal. Mientras se persiguen viejos expedientes de corrupción petrolera, el Estado mexicano sigue destinando miles de millones de pesos para mantener viva una empresa que, pese a años de rescates, continúa dependiendo del presupuesto nacional. La paradoja es difícil de ignorar.
Pemex sigue costando al país… y cada crisis financiera parece obligar al gobierno a mirar nuevamente hacia los fantasmas del pasado. La pregunta es inevitable.
¿Se busca justicia… o simplemente dinero donde todavía pueda encontrarse?
@JErnestoMadrid
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