Fotografía: Redacción CIgdl.
La llegada de la Copa Mundial de Fútbol 2026 a Guadalajara, lejos de representar la bonanza económica prometida para el sector restaurantero y comercial del primer cuadro de la ciudad, se ha transformado en una pesadilla de exclusión, represión y asfixia financiera.
La implementación del Fan Fest en la Plaza de la Liberación ha erigido un polígono de contención que no solo bloquea el libre tránsito, sino que ha desmantelado la operatividad de los negocios históricos que, durante décadas, han sostenido la identidad del centro tapatío.
El hartazgo es absoluto entre los propietarios de estos establecimientos quienes tienen que cubrir, al menos 25 impuestos y cargas tributarias por mantener sus negocios.
Tal es el caso de Enrique García Vera, titular del emblemático restaurante El Mesón, ubicado en la calle Pino Suárez 92 entre las calles Hidalgo e Independencia (lado norte de la plaza liberación), con más de 30 años de presencia en el centro histórico de Guadalajara, sintetiza la indignación de una comunidad que se siente traicionada.
Tras invertir recursos y capacitación bajo la promesa oficial de una derrama turística internacional, los locatarios se encuentran hoy tras un laberinto de vallas, obras viales inconclusas y cierres operativos que han reducido drásticamente su clientela.
La inequidad es flagrante, mientras el gobierno municipal y el comité organizador impiden la operación normal de los negocios establecidos, han habilitado dentro de la plaza pública puestos temporales con venta de alcohol, marginando a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y licencias.
La complicidad entre las autoridades y las cúpulas empresariales, representadas por CANACO Servytur y CANIRAC, se percibe como una traición gremial.
Los comerciantes denuncian el silencio de estas cámaras ante un escenario donde la FIFA y el comité organizador imponen lineamientos discrecionales, como la prohibición de transmitir partidos sin licencias prohibitivas que ascienden a montos impagables, arruinando una estrategia de ventas que siempre ha sido pilar en la tradición deportiva del país.
Para el empresario Sergio Grajeda, propietario de Los Siete Pozoles, un lugar de comida tradicional mexicana y 15 años de trayectoria, ubicado a lado oriente de la plaza fundadores (en el portal de plaza tapatía) la situación que enfrenta hoy en día, es de supervivencia pura.
Con una nómina de 22 empleados directos y una renta mensual de 70 mil pesos que continúa vigente pese a la parálisis económica, Grajeda reporta una caída del 70 por ciento en sus ingresos durante las últimas dos semanas.
El empresario señala cómo la deuda, acumulada tras meses de obras gubernamentales previas, amenaza hoy con la quiebra inminente, mientras observa cómo los privilegios de venta son otorgados a grupos cercanos al poder político local.
Ante la falta de sensibilidad oficial y la inminencia de un colapso financiero, el sector ha pasado de la frustración a la resistencia civil.
García Vera ha sentenciado que, más allá del miedo a las represalias administrativas o las multas, priorizará su derecho al trabajo instalando servicio en el exterior de su local, desafiando las restricciones arbitrarias impuestas desde el control de la plaza.
Las denuncias realizadas por los comerciantes establecidos, han inundado las redes sociales y los medios informativos, derivado de ello, hace un par de días, fue la propia titular del gobierno tapatío, Verónica Delgadillo quien acudió a uno de los cientos de establecimientos afectados y que se bloqueó con el acceso de la fuente de las ranas, para negociar en lo cortito, o bajo la mesa, para que no siguiera evidenciando la afectación.
Esta postura de confrontación abierta refleja el quiebre definitivo entre la administración pública y los comerciantes tradicionales, quienes hoy se encuentran a merced de un evento mundialista que, dicho sea de paso, no pagaran impuesto alguno y cuyas ganancias proyectadas podrían alcanzar 10 mil millones de dólares, en su desdén por lo local, el gobierno mexicano ha preferido proteger intereses corporativos internacionales y políticos por encima de las familias capitalinas, tapatías, regiomontanas y otras más que realmente contribuyen al desarrollo de las ciudades y del país.
