Fotografía; Redacción CIgdl.
• El cambio en la dirección de la petrolera revela tensiones internas, intereses políticos y empresariales, mientras crecen las pérdidas, el huachicol y la dependencia energética.
En el discurso oficial, Petróleos Mexicanos sigue siendo el símbolo de la soberanía energética. En la práctica, la empresa se mueve entre contradicciones, presiones políticas y una red de intereses que desde hace años decide su rumbo más allá del director en turno.
El relevo reciente en la dirección de la petrolera volvió a dejar al descubierto esas tensiones. Dentro de la propia empresa, algunos funcionarios describen el cambio con ironía amarga: “fue un error”, dicen, porque el nuevo nombramiento responde más a alineamientos políticos que a una apuesta técnica. La salida de Víctor Rodríguez Padilla ocurrió en medio de versiones sobre desacuerdos profundos en la conducción de la compañía y sobre quién toma realmente las decisiones dentro de Pemex.
Rodríguez Padilla, un académico con diagnóstico claro sobre la crisis estructural de la empresa, nunca tuvo control total sobre la petrolera. Las decisiones estratégicas seguían orbitando entre la Secretaría de Energía, Hacienda y los grupos que dominaron la empresa durante el sexenio anterior, encabezados por Octavio Romero y Marcos Herrería. A ese entramado se suman operadores políticos cercanos al poder en la Ciudad de México, que desde hace tiempo también influyen en el manejo de la empresa.
La versión oficial sostiene que su salida formaba parte de un acuerdo previo para regresar a la academia tras un breve periodo al frente de Pemex. Sin embargo, diversas versiones internas apuntan a que el propio Rodríguez intentó dejar el cargo en varias ocasiones, frustrado por la imposibilidad de ejecutar cambios estructurales.
Su diagnóstico chocaba frontalmente con la narrativa política dominante. Mientras el gobierno insiste en la autosuficiencia energética, el exdirector reconocía la dependencia crítica de México del gas natural importado desde Estados Unidos, así como la precariedad de las reservas estratégicas. Pero sobre todo puso sobre la mesa un problema que suele minimizarse en el discurso oficial: el tamaño real del robo de combustibles.
El propio informe anual de Pemex reveló que en 2025 las pérdidas por huachicol aumentaron 14.4%, alcanzando 23,491 millones de pesos. El volumen promedio de combustible robado llegó a 19,600 barriles diarios, cifras que reflejan que el fenómeno no es un delito marginal, sino un negocio criminal de gran escala. Dentro de la empresa se habla incluso de esquemas más sofisticados: robo industrial, fallas sistemáticas en la trazabilidad de los combustibles y estructuras delictivas que operan con logística comparable a la de la propia industria. Ese diagnóstico, sin embargo, chocaba con los límites políticos del proyecto energético.
Por eso el arribo de Juan Carlos Carpio Fragoso no sorprende a quienes siguen la dinámica interna de la petrolera. Su perfil financiero —y su cercanía con el equipo de Luz Elena González, hoy titular de Energía— indica que la prioridad no será relanzar la producción ni abrir nuevas áreas de exploración, sino administrar una crisis financiera cada vez más profunda.
Los números confirman el tamaño del problema. Entre enero y marzo la petrolera acumuló pérdidas por 46 mil millones de pesos, mientras el valor de las exportaciones de crudo cayó más de 25% por el desplome en el volumen vendido al exterior. La producción apenas alcanzó 1.368 millones de barriles diarios, uno de los niveles más bajos en más de una década y media.
Aunque la deuda financiera bruta se redujo en términos contables, Pemex continúa arrastrando un patrimonio negativo cercano a 1.89 billones de pesos y adeudos con proveedores que superan los 375 mil millones de pesos. A esto se suman indicadores ambientales preocupantes: el gas enviado a la atmósfera aumentó casi 79%, mientras las emisiones contaminantes alcanzaron niveles no vistos desde 2012.
Aun así, el gobierno federal sostiene que para 2027 la empresa deberá operar sin apoyo directo de la Secretaría de Hacienda. Analistas financieros consideran el objetivo difícil de cumplir. Incluso estimaciones de agencias como Moody’s calculan que Pemex podría necesitar alrededor de 7,500 millones de dólares adicionales para enfrentar sus obligaciones si continúan las pérdidas en refinación y la caída en producción.
Mientras tanto, otro tipo de poder avanza dentro de la petrolera. El empresario Carlos Slim ha incrementado su presencia en el negocio petrolero. Empresas de Grupo Carso compiten por contratos estratégicos vinculados a perforación en aguas del Golfo de México, mientras la adquisición de activos petroleros offshore ha consolidado su posición en el sector. Lo que hace algunos años habría provocado un choque político con la narrativa de soberanía energética hoy parece formar parte del propio diseño para mantener a flote a la empresa estatal.
Así, Pemex se mueve entre dos discursos. Uno público, que insiste en la independencia energética y en el control absoluto del Estado sobre los recursos. Y otro, menos visible, donde la supervivencia financiera de la petrolera depende cada vez más de acuerdos políticos, alianzas empresariales y decisiones tomadas fuera de la estructura formal de la compañía.
La pregunta, inevitable, es quién responderá si el modelo termina por fracturarse. Porque en una empresa donde muchos influyen, pero pocos asumen la responsabilidad, el verdadero control nunca queda del todo claro.
@JErnestoMadrid
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