Fotografía: Redacción CIgdl.
En medio de la polémica por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos, el Gobierno Federal fijó postura desde Palacio Nacional, defendiendo su actuación bajo el argumento de respeto a la soberanía y al marco legal. Sin embargo, el mensaje ha generado cuestionamientos sobre la postura adoptada frente a señalamientos de alto impacto.
Durante la llamada “Mañanera del Pueblo”, la presidenta señaló que será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de determinar si existen elementos suficientes para proceder contra los implicados, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. No obstante, evitó profundizar en la gravedad de las acusaciones, que incluyen presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Gobierno federal confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención con fines de extradición, pero subrayó que los documentos carecen, hasta ahora, de pruebas suficientes bajo la legislación mexicana. Aun así, la respuesta oficial ha sido percibida como cautelosa, en un contexto donde la presión internacional exige mayor claridad.
Uno de los puntos más controvertidos fue la insinuación de que las imputaciones podrían tener un trasfondo político, lo que ha abierto el debate sobre si el Ejecutivo está desestimando de forma anticipada acusaciones que provienen de investigaciones estadounidenses.
Aunque se reiteró que “no se protegerá a nadie” en caso de comprobarse delitos, la falta de una postura más firme ha generado críticas sobre un posible doble discurso: por un lado, el compromiso con la legalidad, y por otro, la defensa política de figuras señaladas.
El caso pone nuevamente en el centro la relación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado, así como la credibilidad de las instituciones mexicanas frente a señalamientos internacionales que exigen respuestas contundentes y transparentes.
