Fotografía: Redacción CIgdl.
Las autoridades de Estados Unidos han intensificado sus investigaciones contra una red de fraudes relacionados con la comercialización de tiempos compartidos en México, un esquema que, según reportes oficiales, estaría vinculado al Cártel Nueva Generación (CNG). El grupo criminal, identificado como uno de los más poderosos del país, ha sido relacionado con estas operaciones ilícitas que afectan principalmente a ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos adultos mayores.
Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer una nueva lista de empresas y personas presuntamente involucradas en esta red. En total, fueron señaladas 17 compañías, un club deportivo y cinco individuos que, según las autoridades, habrían actuado como facilitadores de las estafas y del lavado de dinero derivado de estas actividades.
Las compañías mencionadas operan principalmente en destinos turísticos de alta demanda como Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Playa del Carmen y distintas zonas de Baja California Sur. De acuerdo con las investigaciones, estos negocios se presentan como agencias de viajes, desarrolladoras inmobiliarias, constructoras o prestadores de servicios turísticos, aunque en realidad funcionarían como fachada para cometer fraudes y mover recursos ilícitos.
Las autoridades estadounidenses han identificado hasta ahora al menos 74 negocios relacionados con este esquema fraudulento. El 66 por ciento de ellos se localiza en Jalisco, particularmente en Puerto Vallarta, donde se presume operan centros de llamadas que contactan a las víctimas en Estados Unidos para convencerlas de comprar o revender tiempos compartidos inexistentes o con condiciones engañosas.
Las investigaciones también apuntan a la participación de operadores ligados al CJNG, organización que durante años fue encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Entre los nombres señalados por autoridades se encuentra Carlos Andrés Rivera Varela, conocido como “La Firma”, quien presuntamente habría participado tanto en operaciones de fraude como en actividades violentas asociadas al narcotráfico.
Otro de los perfiles mencionados es Juan Carlos Rivera Montes, relacionado con el desarrollo turístico Kovay Gardens en Puerto Vallarta. Según los reportes, sus actividades empresariales habrían servido para encubrir operaciones fraudulentas dentro del sector inmobiliario y turístico.
El esquema también estaría coordinado por operadores regionales como Audias Flores Silva, identificado por autoridades estadounidenses como presunto jefe regional del CJNG en Nayarit, desde donde se controlarían centros de llamadas y diversas operaciones en ciudades costeras del Pacífico.
Las cifras sobre el impacto de estas estafas resultan alarmantes. De acuerdo con datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), hasta 2023 se habían documentado más de 6 mil denuncias en Estados Unidos relacionadas con fraudes de tiempos compartidos, con pérdidas superiores a los 300 millones de dólares. Tan solo en 2024 se registraron cerca de 900 quejas, con un daño económico estimado en más de 50 millones de dólares.
Las víctimas suelen ser contactadas por teleoperadores que dominan el inglés y se presentan como agentes inmobiliarios, abogados o representantes de empresas turísticas. A través de llamadas y correos electrónicos logran persuadir a las personas para realizar transferencias o pagos por supuestos servicios de venta, renta o recuperación de propiedades vacacionales.
El fenómeno también ha mostrado vínculos con episodios de violencia. En junio de 2023, en Jalisco, ocho jóvenes que trabajaban en centros de llamadas relacionados con la comercialización de tiempos compartidos fueron asesinados en un caso que aún permanece bajo investigación. La fiscalía estatal señaló entonces que el crimen podría estar vinculado a disputas internas o al descubrimiento de actividades ilícitas dentro de estas operaciones.
Ante este panorama, el gobierno estadounidense mantiene una estrategia para rastrear y sancionar a las empresas fachada y a los individuos que facilitan estas estafas. Las medidas incluyen congelamiento de activos, sanciones financieras y recompensas millonarias por información que permita capturar a los responsables.
Especialistas advierten que, además del impacto económico en las víctimas, este tipo de fraude fortalece las finanzas del crimen organizado, generando recursos que pueden ser utilizados para otras actividades ilegales, desde el narcotráfico hasta operaciones violentas.
Mientras continúan las investigaciones, autoridades de ambos países enfrentan el desafío de desmantelar una red que combina turismo, fraude financiero y delincuencia organizada, con epicentro en destinos turísticos mexicanos y con un alcance que se extiende hasta miles de víctimas en Estados Unidos.
