Fotografía: Redacción CIgdl.
“La memoria es el centinela del espíritu”.
William Shakespeare
“Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante”.
George Orwell
Mientras los cristianos celebran que la piedra fue retirada del sepulcro, en México la otra Piedra —la de la CNDH— sigue en su sitio: firme, útil, obediente… no para resguardar, sino para estorbar con disciplina institucional.
Si alguien había olvidado que existía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su más reciente pronunciamiento lo dejó claro: no ha desaparecido —todavía—, pero sí ha mutado. Ya no incomoda al poder; lo arropa con entusiasmo. Ya no interpela; traduce. Ya no defiende a las víctimas; administra el silencio… con oficio.
Rosario Piedra Ibarra encarna una de las ironías más incómodas —y más reveladoras— de la vida pública mexicana. Su historia personal está atravesada por una herida que marcó a todo un país: la desaparición de su hermano, Jesús Piedra Ibarra, en 1975, durante la llamada “guerra sucia”, a manos de agentes del Estado. No fue un exceso neoliberal ni un desliz tecnocrático: ocurrió bajo un régimen que se asumía de izquierda. Conviene subrayarlo, porque desmonta esa coartada tan cómoda que hoy pretende clasificar las desapariciones por afinidad ideológica, como si hubiera versiones aceptables del horror.
Y sin embargo, medio siglo después, quien tendría razones de sobra para desconfiar del poder, ha optado por comprenderlo. Justificarlo. Defenderlo… con una convicción que ya quisieran muchos voceros formales.
No es solo una contradicción biográfica; es un síntoma político. Y bastante funcional, por cierto. Podríamos llamarlo, sin demasiada metáfora, un síndrome de Estocolmo institucional. La CNDH —creada para vigilar al Estado— ha decidido identificarse con él. Ha internalizado su narrativa, ha adoptado sus prioridades y, cuando hace falta, sale a defenderlo con más entusiasmo que prudencia. Lo hizo al descalificar la posibilidad de que el tema de las desapariciones en México sea discutido en la ONU bajo estándares de derecho internacional. No solo rechazó el fondo; rechazó, en esencia, el derecho a que alguien más mire… no vaya a ser.
Ahí está el punto fino: ya no se trata únicamente de omisión, sino de una operación más sofisticada —y más rentable políticamente—: controlar el marco de interpretación. No negar la crisis, sino administrarla. No ocultar los datos, sino reinterpretarlos hasta volverlos inofensivos. Más de 130 mil personas desaparecidas dejan de ser una emergencia humanitaria para convertirse en un “debate contextualizable”, casi opinable. La tragedia se vuelve narrativa; la narrativa, defensa… y la defensa, política pública. Eso no es torpeza, es alineamiento; y bastante disciplinado.
Lo verdaderamente grave es que este patrón no es anecdótico, sino estructural. La captura de organismos autónomos no ocurre mediante su desaparición formal —eso sería burdo—, sino a través de su domesticación funcional. Siguen existiendo, pero ya no sirven. Conservan el nombre, pierden el propósito… pero eso sí, mantienen el presupuesto y la solemnidad.
Y en esa simulación —tan pulcra, tan institucional— se instala la peor forma de injusticia: la que aparenta corregirse mientras se perfecciona.
La CNDH bajo Rosario Piedra no es una excepción; es un caso de manual. La institución que debía ser contrapeso se convierte en extensión; que debía incomodar, en amortiguador; la que debía acompañar a las víctimas, en escudo del poder frente a ellas… con sensibilidad selectiva.
Hay, además, una ironía que ya no es solo histórica, sino casi literaria: la hija de una de las voces más emblemáticas contra las desapariciones forzadas termina operando como filtro de contención frente a esas mismas denuncias. El legado no se traiciona con discursos grandilocuentes; se vacía con decisiones administrativas. Y aquí la decisión es clara: sustituir la memoria por la conveniencia… y hacerlo parecer responsabilidad institucional.
Porque esto no va de olvido —que sería humano—, sino de elección. Y de una elección bastante consistente, por cierto.
Cada vez que la CNDH desacredita la intervención internacional, cada vez que minimiza el alcance de la crisis; cada vez que matiza donde debería denunciar, está enviando un mensaje inequívoco: el problema no es la desaparición, sino su visibilidad. No es la víctima, sino el costo político de reconocerla. No es la tragedia, sino el ruido que genera.
El resultado es corrosivo. La CNDH pierde autoridad moral frente a quienes más la necesitan —detalle menor, al parecer—, pero además erosiona algo más profundo: la idea misma de autonomía. Si el órgano diseñado para defender derechos puede alinearse sin pudor con el poder, la pregunta deja de ser qué hace mal una institución y pasa a ser cuántas más están operando bajo la misma lógica. Spoiler: más de las que conviene admitir… y menos de las que se atreven a reconocerlo.
Con Rosario Piedra, la CNDH deja de ser la última trinchera de las víctimas para convertirse en la primera línea de defensa del Estado frente a ellas. Y en ese tránsito se confirma una verdad incómoda: la historia personal no vacuna contra la captura política. La sangre rebelde no garantiza brújula ética. A veces —y este parece ser el caso—, solo produce mejores coartadas.
Y así, en un país con más de 130 mil desaparecidos, lo que también desaparece —sin búsqueda, sin ficha, sin pronunciamiento— es la decencia institucional.
Columna de Verónica Malo en SDP Noticias
