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• Mientras el sector privado pide ajustes y Hacienda promete “prudencia fiscal”, el Paquete Económico 2026 parece más un acto de fe que una estrategia de crecimiento. La centralización avanza, la inversión se retrae y los gobiernos locales observan cómo sus recursos se esfuman… junto con sus policías.
En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, los legisladores practican su deporte favorito: posponer decisiones. El dictamen del Paquete Económico 2026, listo desde la semana pasada, se estira y encoge entre cabilderos, empresarios y diputados que parecen más preocupados por la redacción de las comas que por el tamaño del déficit.
Refresqueras, tabacaleras, plataformas digitales y transportistas desfilaron en un improvisado “parlamento abierto” que, más que debate técnico, lució como un desfile de súplicas fiscales. La discusión se reprogramó —otra vez—, ahora para el martes a las 16:00. Quizás para entonces ya haya consenso… o simplemente un nuevo pretexto.
El año del frenón
Según el observatorio económico México, ¿cómo vamos?, 2025 será recordado como el año con menor generación de empleo formal en dos décadas. Ni la crisis de 2009 ni la pandemia habían dejado tan poca vitalidad laboral. ¿La razón? La caída libre de la inversión, ese indicador que refleja el pulso real de la economía más allá de los discursos.
La inversión pública se contrajo casi 20% con la clausura de las megaobras del sexenio anterior y el proceso de consolidación fiscal del actual gobierno. Pero el verdadero golpe viene del lado privado: una baja del 4.3% anual, que equivale a apagar el motor que mueve el 90% de la inversión nacional.
Incluso el FMI, que no suele hablar en clave emocional, lanzó un recordatorio: “No es momento de infligirse daños”. Kristalina Georgieva no podría haber sido más clara —aunque en Palacio Nacional quizás lo tomen como una sugerencia decorativa—.
Federalismo en terapia intensiva
El discurso oficial sigue presumiendo “fortaleza económica” y “justicia social”, pero los números del Paquete 2026 cuentan otra historia. De acuerdo con México Evalúa, el gasto federalizado se mantiene prácticamente estancado: 2.82 billones de pesos, apenas 3% más que el año anterior. Traducido: menos recursos reales para estados y municipios, y más control desde el centro.
Mientras el presupuesto total crece, los gobiernos locales reciben una porción cada vez menor. En 2026, el gasto federalizado representará solo el 27.8% del total nacional, frente al 33.8% de hace una década. La diferencia no es menor: menos dinero para policías, infraestructura y servicios básicos.
El dato más incómodo: la seguridad municipal tendrá 88% menos recursos que en 2014. En otras palabras, se exige más presencia local con menos patrullas, menos gasolina y, claro, menos incentivos.
Y aunque la Ley de Amparo se vende como modernización judicial, varios juristas advierten que puede restringir el acceso a la justicia de comunidades y colectivos, especialmente aquellos que incomodan a las grandes obras o políticas de desarrollo “prioritario”.
Entre la retórica y la realidad
El resultado es un federalismo fiscal débil, un sistema donde los estados dependen cada vez más del humor de la Tesorería y cada vez menos de su capacidad de gestión. El modelo de control centralizado puede servir para cuadrar las cuentas, pero no para atender la inseguridad o la desigualdad territorial.
Quizá la gran pregunta no sea si modificarán comas al Paquete Económico, sino si modificarán el modelo que asfixia la inversión, desfinancia lo local y posterga las soluciones.
Porque si algo enseña la experiencia reciente, es que las comas se corrigen; las consecuencias no.
@JErnestoMadrid
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