Fotografía: Redacción CIgdl.
• El informe del comité de la ONU que advierte posibles crímenes de lesa humanidad reabre el debate sobre la estrategia del gobierno mexicano: rechazar diagnósticos externos o asumir la dimensión de la crisis para construir soluciones conjuntas.
La crisis de personas desaparecidas en México volvió a colocar al país bajo el escrutinio internacional tras el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas, que advierte que existen indicios de desapariciones forzadas sistemáticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El documento, presentado a inicios de abril, plantea una conclusión alarmante: la magnitud del fenómeno supera la capacidad institucional del Estado mexicano y requiere reformas estructurales urgentes. Según el comité, el país acumula más de 134 mil personas desaparecidas registradas hasta febrero de 2026, una cifra que continúa en aumento y que no muestra una tendencia clara de reversión.
Pero la reacción del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no fue de apertura frente al diagnóstico internacional, sino de rechazo. Durante su conferencia matutina del 7 de abril, la mandataria cuestionó la orientación del informe y sugirió que detrás del documento existe una intención política más que un genuino interés por ayudar a resolver la crisis. “El documento tiene otra orientación, de llevar al Consejo de Naciones Unidas este tema en contra del gobierno de México”, afirmó.
Según la presidenta, el reporte no reconoce los esfuerzos institucionales emprendidos por el Estado para combatir el delito ni toma en cuenta avances recientes en materia de búsqueda e investigación. La respuesta del gobierno mexicano se centró en dos líneas argumentativas: cuestionar la legitimidad del comité y desacreditar la actualidad de sus datos.
Sin embargo, el presidente del comité, Juan Pablo Albán, respondió públicamente a estas críticas. Recordó que el organismo forma parte del sistema de Naciones Unidas y citó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que faculta al comité para elevar casos a la Asamblea General cuando existen indicios graves y sistemáticos.
Albán también desmintió que el informe se base en cifras antiguas. Señaló que los datos utilizados llegan hasta febrero de 2026 y subrayó que el aumento constante de personas desaparecidas es, por sí mismo, un indicador de la gravedad del problema. La controversia revela algo más profundo que una disputa técnica: una diferencia de narrativa entre el diagnóstico internacional y la respuesta política del gobierno mexicano.
Mientras el comité habla de una crisis estructural que rebasa al Estado, el gobierno insiste en que las instituciones están funcionando y que los avances no han sido reconocidos.
En medio de la presión internacional, gobernadores del oficialismo salieron a respaldar la postura presidencial. Entre ellos, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien sostuvo que el informe omite avances recientes en materia de búsqueda y atención a víctimas.
La postura refleja un patrón político recurrente: cuando organismos internacionales cuestionan políticas públicas, la respuesta suele ser cerrar filas y poner en duda la metodología o las motivaciones de los informes. Esta estrategia no es nueva. En otros momentos, gobiernos mexicanos —de distintos signos políticos— han respondido de forma similar ante observaciones de organismos multilaterales. La diferencia hoy es la magnitud del fenómeno que está en discusión.
El debate ocurre en un contexto en el que la violencia y las desapariciones no solo afectan a civiles, sino también a sectores productivos. Las protestas recientes de transportistas por la inseguridad en carreteras evidencian otra dimensión del problema. Organizaciones del sector han denunciado casos de choferes desaparecidos y el incremento de asaltos al transporte de carga.
Datos de la industria aseguradora indican que las reclamaciones por robo a camiones aumentaron casi 98% durante 2025, reflejando el impacto económico del crimen organizado en las rutas comerciales del país.
A pesar de ello, la presidenta Sheinbaum minimizó el alcance de los bloqueos carreteros realizados por transportistas, al señalar que fueron “pocos” y que existieron rutas alternas.
La discusión abierta por el informe del comité de la ONU va más allá de la precisión de las cifras. El verdadero dilema es político e institucional: si el gobierno mexicano debe asumir los diagnósticos internacionales como una oportunidad para fortalecer políticas públicas o si debe rechazarlos como presiones externas.
El riesgo de la segunda estrategia es evidente. Cuando el debate se concentra en descalificar informes, el fondo del problema —las desapariciones y la búsqueda de miles de personas— queda relegado a una disputa narrativa.
Para las familias de los desaparecidos, el conflicto entre gobiernos y organismos internacionales tiene poco valor si no se traduce en resultados. Porque, mientras se discute quién tiene razón, las cifras siguen creciendo. Y con ellas, la sensación de que la crisis continúa sin una respuesta estructural capaz de revertirla.
@JErnestoMadrid
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