• Sheinbaum niega decisión política en sanción a ONG, pero el contexto exhibe tensiones entre discurso de honestidad y hechos de opacidad
La cancelación de permisos a más de 100 organizaciones civiles para recibir donativos deducibles de impuestos abrió un nuevo frente de tensión entre el gobierno federal y los organismos que históricamente han funcionado como contrapeso técnico del poder.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la medida no responde a una decisión política, sino a un análisis técnico del Servicio de Administración Tributaria. “Yo no ordeno al SAT”, afirmó, deslindándose de una determinación que, sin embargo, impacta directamente a organizaciones que investigan, documentan y exhiben el uso de recursos públicos.
El argumento oficial sostiene que se trata de revisiones administrativas, incluso iniciadas desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como en el caso de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, cuya pérdida de estatus fue atribuida a la recepción de financiamiento extranjero.
Pero más allá de la narrativa técnica, el contexto revela una contradicción de fondo: muchas de las organizaciones afectadas —como México Evalúa o Mexicanos Primero— no sólo investigan, también proponen.
Son centros de pensamiento que analizan políticas públicas, evalúan el gasto y generan evidencia para mejorar decisiones gubernamentales. No sustituyen al Estado: lo observan, lo miden y, en muchos casos, lo corrigen.
Reducir su margen de operación, aunque sea bajo criterios fiscales, impacta directamente en el ecosistema de rendición de cuentas.
La tensión no es menor. Mientras el gobierno se presenta como garante de la “honestidad” y la transformación institucional, diversos casos han puesto en entredicho esa narrativa.
Proyectos emblemáticos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico o la refinería de Dos Bocas —operada por Petróleos Mexicanos— han sido señalados por sobrecostos, opacidad en contratos e incidentes y riesgos operativos.
A ello se suman cuestionamientos recurrentes sobre adjudicaciones directas, ampliaciones presupuestales y falta de información pública detallada, elementos que han sido documentados precisamente por las organizaciones hoy bajo presión fiscal.
En paralelo, el discurso oficial ha tendido a descalificar a estos organismos, asociándolos con intereses políticos o económicos contrarios al gobierno. Esta narrativa ha alcanzado incluso a colectivos de víctimas y defensores de derechos humanos.
El resultado es un entorno donde la crítica técnica se percibe como confrontación política, y donde el espacio cívico —clave en cualquier democracia— comienza a estrecharse.
La paradoja es evidente: mientras el gobierno afirma no intervenir y actuar con base en criterios técnicos, las decisiones afectan de manera sistemática a actores que incomodan al poder.
En una economía con crecimiento débil, presiones fiscales y megaproyectos bajo escrutinio, la existencia de contrapesos técnicos no es un obstáculo, sino un mecanismo de corrección. Limitarlos, directa o indirectamente, no elimina los problemas que señalan. Sólo reduce la visibilidad de estos.
Lejos de ser adversarios, estos organismos cumplen una función que el propio Estado no siempre logra sostener: vigilar, sí, pero también proponer. Ahí radica el punto de quiebre. No se trata de quién tiene la razón, sino de si el gobierno está dispuesto a convivir con la crítica informada o prefiere administrar la narrativa.
Porque en política pública, como en economía, lo que no se mide —o se deja de medir— termina por deteriorarse.
@JErnestoMadrid
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