La Coordinadora Jalisciense de Asuntos Ambientales y Derechos Humanos condenó públicamente la agresión sufrida por una reportera durante un evento relacionado con el activismo ambiental, responsabilizando a un grupo de presuntos activistas que, aseguraron, “han confundido sus intereses personales con las causas sociales legítimas”.
“Lamentamos profundamente el incidente que vivió una compañera periodista, quien se encontraba cumpliendo con su deber de informar y fue obstaculizada por personas que desconocen la relevancia de la libertad de prensa”, expresó la organización en un comunicado.
Durante una rueda de prensa encabezada por Jaime David Aldrete Medina, líder de la Coordinadora, y Jesús García Blake, dirigente de la agrupación Resistencia Civil Pacífica de Puerto Vallarta, los activistas hicieron un fuerte llamado a las autoridades estatales, en especial al gobierno del emecista Pablo Lemus, para que se atiendan las verdaderas problemáticas ambientales del estado.
Entre las demandas más urgentes, propusieron la suspensión inmediata del programa de verificación vehicular obligatoria, al considerar que ha fallado en su propósito ambiental y ha sido utilizado con fines recaudatorios.
“No necesitamos foros de diálogo ficticios, sino acciones concretas y voluntad para escuchar a quienes llevamos años trabajando por el medio ambiente. La represión, como la ejercida en la pasada administración, no puede repetirse”, señalaron, al recordar casos de activistas que fueron amenazados, golpeados e incluso secuestrados por su labor.
Los líderes sociales también cuestionaron el legado de Sergio Humberto Graf Montero, ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente en Jalisco, a quien acusaron de dejar un “desorden ambiental” y quien, pese a ello, fue premiado con un cargo federal en la CONAFOR.
Por su parte, Jesús García Blake detalló que en Puerto Vallarta la contaminación proviene principalmente del llamado “cártel inmobiliario”, del deficiente manejo de residuos y de la intensa actividad turística, especialmente por las emisiones de cruceros y el tráfico aéreo. Advirtió que la urbanización descontrolada y la futura construcción de un nuevo aeropuerto en Bahía de Banderas podrían agravar la situación ecológica en la región.
Ambos activistas exigieron al Congreso del Estado ser escuchados y participar en mesas de trabajo reales, donde se prioricen soluciones integrales para la grave crisis ambiental que vive Jalisco, la cual —afirmaron— es tan preocupante como la inseguridad.
