Fotografia: Redacción CIgdl.
Minneapolis se encuentra en medio de una profunda convulsión social tras la trágica muerte de Alex Jeffrey Pretti, un residente local de 37 años que fue abatido el pasado sábado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según información oficial, Pretti, quien además era enfermero y se encontraba intentando auxiliar a una mujer víctima de agresión, perdió la vida en un incidente que ha despertado rechazo generalizado en la comunidad.
El incidente ha elevado aún más la tensión en la ciudad, donde miles de manifestantes salieron a las calles para denunciar lo que califican como una actuación policial y de agencias federales excesiva y autoritaria. En algunos casos, los protestantes han levantado barricadas y exigido respuestas transparentes, calificando el hecho como un acto que raya en el autoritarismo y, en palabras de algunos analistas, hasta en el fascismo del gobierno actual.
Detalles revelados por el Jefe de Policía, Brian O’Hara, aportan un matiz importante: Pretti, quien era ciudadano estadounidense y residía en Minneapolis, contaba con un permiso legal para portar armas. Sin embargo, en ningún momento utilizó su arma, y videos difundidos en redes sociales muestran que intentaba intervenir en defensa de la víctima, sin participar en ninguna agresión. Se confirma además que los agentes del ICE actuaron mientras Pretti ayudaba a la mujer, hechos que muchos consideran como un elemento clave para entender la contexto del incidente.
Mientras tanto, el reflejo de la crisis se extiende a ámbitos internacionales; la creciente inestabilidad en Minneapolis y la percepción de una escalada en la violencia y la represión han puesto en duda futuras eventos de gran escala, incluyendo la organización de la próxima Copa del Mundo de fútbol. Expertos y líderes de diferentes países están considerando seriamente la suspensión o traslado de la sede, ante la falta de condiciones seguras tanto para deportistas como para turistas.
Este suceso ha consolidado una narrativa de preocupación y rechazo hacia las políticas de seguridad y control en Estados Unidos, elevando el debate sobre derechos humanos, responsabilidad policial y los efectos de las órdenes gubernamentales en comunidades vulnerables. La demanda por justicia y transparencia sigue creciendo en Minneapolis y más allá, en un momento en que la sociedad demanda cambios profundos en la manera en que se ejercen estas operaciones.
