Fotografía: Redacción CIgdl.
La política mexicana nos ha acostumbrado a espectáculos surrealistas, pero lo ocurrido en Ocotlán, Jalisco, con la regidora Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, cruza una línea que va más allá del simple mal gusto: toca la negligencia ética y el desconocimiento legal.
Que una funcionaria de Movimiento Ciudadano, en plena representación de un evento público municipal, decida que un ejemplar de mono araña —especie en peligro de extinción y protegida por la NOM-059-SEMARNAT— es un accesorio adecuado para interactuar frente a las cámaras, revela una desconexión alarmante con la responsabilidad del cargo que ostenta.
No se trata solo de los manotazos captados en el video, que ya de por sí contradicen ese “cariño por los animales” que Villarruel Gutiérrez alegó en su tardía disculpa; se trata de la normalización de la ilegalidad en un espacio público.
Al cargar y manipular al primate, la regidora no solo validó la posesión privada de fauna silvestre —un delito federal en muchos contextos—, sino que convirtió un acto cultural en una vitrina de maltrato y exhibicionismo irresponsable. ¿Cómo puede una integrante de la Comisión de Hacienda y Recaudación, encargada de la vigilancia presupuestaria y normativa, ignorar de tal forma las leyes ambientales básicas de su propio país?
La justificación de que “se le hizo fácil” es, quizás, la confesión más cruda de la ligereza con la que se toma la función pública. En un estado como Jalisco, donde los centros de conservación luchan diariamente contra el tráfico de especies, ver a una autoridad municipal tratando a un animal silvestre como un juguete de feria es un insulto al esfuerzo ciudadano por la biodiversidad.
El “error” de Silvia Villarruel no fue un descuido de protocolo, fue una muestra de la prepotencia de quien cree que su investidura le permite estar por encima de la ética ambiental.
Si la regidora busca transparencia en la nómina, debería empezar por aplicar esa misma rigurosidad a su criterio ético, pues un cargo público requiere mucho más que tres décadas de trayectoria social; exige la estatura moral para no convertir la protección animal en un espectáculo de golpes y correas.
