Fotografía: Redaccion CIgdl.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe “ninguna información” sobre el uso de drones de cárteles en la frontera. Lo dijo justo cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos cerraba el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de El Paso por “razones especiales de seguridad”.
Minutos después, Associated Press reveló que la medida respondía a incursiones de drones operados por organizaciones criminales mexicanas. La versión fue confirmada por el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy: la FAA y el Departamento de Defensa habían reaccionado ante una “incursión de drones de cárteles”. El Pentágono incluso activó tecnología antidrones —incluido un láser de alta energía— cerca de Fort Bliss, una base militar pegada a la frontera.
Pero desde Palacio Nacional la consigna fue otra: evitar especulaciones.
La fiscal general Pam Bondi habló de drones derribados por el ejército. Luego vino el matiz: uno de los objetivos habría sido un globo. El episodio se diluyó en la narrativa, aunque no en la realidad estratégica. Porque mientras México pedía calma, Estados Unidos cerraba aeropuertos, desplegaba sistemas militares y probaba defensas de guerra asimétrica.
El contraste es brutal.
En paralelo, el Senado mexicano aprobó en fast track el ingreso de 19 marines estadounidenses armados para entrenar tropas nacionales en Campeche. Capacitación para operaciones especiales, le llaman. Y como si fuera parte del mismo guion, los secretarios de Defensa y Marina viajaron a Washington para reunirse con el Comando Norte, mientras Omar García Harfuch afinaba su agenda con agencias estadounidenses.
Todo coordinado. Todo normalizado.
La frontera se militariza, el espacio aéreo se cierra, las tropas extranjeras ingresan armadas al país… pero oficialmente no pasa nada.
Este es el verdadero legado de López Obrador que hoy administra Claudia Sheinbaum: un país donde el crimen organizado evolucionó hacia tecnología aérea, donde la soberanía se volvió negociable en salas del Pentágono y donde la seguridad nacional depende cada vez más de decisiones tomadas en Washington.
Durante seis años se negó sistemáticamente la existencia de un Estado capturado. Se minimizó la expansión territorial del narco. Se disfrazó la militarización bajo el eufemismo de “seguridad pública”. Y se construyó un relato épico mientras los cárteles se profesionalizaban, diversificaban ingresos y ahora —según las propias autoridades estadounidenses— incursionan con drones en zonas estratégicas.
Sheinbaum heredó esa arquitectura.
Hereda también una relación bilateral profundamente asimétrica: México aporta territorio, silencio político y fuerzas entrenadas; Estados Unidos aporta inteligencia, armamento y narrativa. Aquí se evita la palabra “cártel”; allá se activan protocolos militares.
Mientras tanto, Harfuch presume detenciones de alto perfil y entregas de operadores criminales, Marcelo Ebrard negocia el T-MEC bajo presión y el gobierno celebra inversiones millonarias como si el país no estuviera convertido en un tablero de seguridad hemisférica.
El problema no son los drones.
El problema es el sistema que los permitió.
Un sistema que comenzó con abrazos siguió con negaciones y hoy desemboca en marines armados aterrizando en Campeche, aeropuertos cerrados en Texas y reuniones multinacionales encabezadas por el Comando Norte.
La presidenta pide no especular.
Pero cuando el ejército estadounidense ensaya derribos en la frontera, el Senado abre la puerta a tropas extranjeras y los cárteles vuelan sobre territorio binacional, ya no estamos frente a rumores.
Estamos frente a una evidencia estructural.
Y esa, por más que se maquille, no se neutraliza con discursos.
@JErnestoMadrid
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