Fotografía. Redacción CIgdl.
La relación entre Estados Unidos y Colombia enfrenta una tensión creciente tras las recientes declaraciones y acciones del gobierno estadounidense, en medio de la disputa por la lucha contra el narcotráfico y las operaciones militares en la región.
El expresidente Donald Trump, desde su residencia en Mar-a-Lago, criticó duramente al presidente colombiano Gustavo Petro, a quien catalogó como un “traficante de drogas ilegal” y “muy impopular”, acusándolo de no hacer lo suficiente para frenar la producción de cocaína en Colombia. En su cuenta de Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos dejará de enviar ayuda a Colombia, calificándolo como un “robo a largo plazo” y acusando a Petro de ser “boca fresca” hacia Washington.
“Si Petro no actúa para controlar la situación, Estados Unidos cerrará las operaciones que apoyamos”, advirtió el exmandatario en su publicación, que posteriormente eliminó y reemplazó por una ortografía correcta del país. La decisión de suspender los pagos y subsidios a Colombia fue interpretada como un duro golpe a la cooperación bilateral en materia de drogas.
Por su parte, el gobierno de Colombia expresó su rechazo a estas declaraciones. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la labor de Petro: “El presidente ha puesto todo su empeño en neutralizar el narcotráfico, con el sacrificio de muchas vidas en la lucha contra las organizaciones criminales”. Añadió que Colombia ha hecho esfuerzos extraordinarios y señaló que las acusaciones de Trump no reflejan la realidad del país.
En medio del desencuentro, Estados Unidos intensificó sus operaciones militares en la región. El domingo, el Departamento de Defensa informó sobre un ataque en aguas del Caribe contra un buque sospechoso de estar asociado al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El incidente resultó en la muerte de al menos tres personas, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que el buque transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos”. Estados Unidos también anunció la repatriación de dos sobrevivientes del ataque, ambos colombianos.
Colombia reaccionó con acusaciones y denunció lo que llamó un acto de “violación de soberanía” por parte de Estados Unidos. El presidente Petro exigió respuestas y calificó el ataque como un asesinato, atribuyendo la responsabilidad a las fuerzas estadounidenses y lamentando la pérdida de un pescador local, Alejandro Carranza, quien fue muerto en un incidente en septiembre pasado. Petro aseguró que Carranza no tenía vínculos con el narcotráfico y que el ataque ocurrió en circunstancias controvertidas, que involucraban una lancha con señal de avería.
Hasta ahora, las autoridades colombianas han informado sobre la incautación de laboratorios y drogas pertenecientes a guerrilleros del ELN, quienes negaron estar relacionados con los narcóticos. Sin embargo, la escalada en la violencia y las operaciones militares estadounidenses en aguas internacionales mantienen en alerta a la región.
En medio de esta crisis, el gobierno colombiano también informó sobre la repatriación de un ecuatoriano herido en el mismo incidente, asegurando que no existen evidencias de que haya cometido delitos en su país. La tensión y las acusaciones cruzadas parecen augurar una etapa complicada en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, que deberán negociar bajo el peso de sus intereses y desafíos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
