Fotografia: Redacción CIgdl.
• El caso de Jesús “N”, sentenciado en Irapuato a 10 años y 8 meses de prisión por violación espuria y aborto forzado, expone una realidad incómoda: en México, los principales perpetradores de este delito son hombres.
De acuerdo con el informe “Aborto, la realidad no contada”, en lo que va de 2025, 71 hombres cumplen condena por el delito de aborto, frente a solo 7 mujeres sentenciadas por aborto forzado. Es decir, la narrativa de una supuesta criminalización masiva de mujeres en torno al aborto no se sostiene con cifras.
El caso Irapuato: violencia, abuso y sometimiento
Según la investigación, entre junio y julio de 2023, Jesús “N” ingresó al domicilio de la víctima y la agredió sexualmente. Semanas después, ella fue notificada de su embarazo. El agresor, lejos de responsabilizarse, la obligó a ingerir fármacos para interrumpirlo. Tras la denuncia de la madre de la víctima, se inició el proceso judicial que derivó en su captura y condena.
Para la plataforma UNNA –Una Vida, Una Infancia, Una Protección–, este caso ilustra que el delito de aborto en el Código Penal no criminaliza a las mujeres, sino que las protege de prácticas violentas y coercitivas que atentan contra su integridad y su maternidad.
Cifras que desmienten el mito
El reporte nacional revela que en 2024 se abrieron 841 carpetas de investigación por delitos vinculados al aborto. Las entidades con mayor número de casos fueron:
• Ciudad de México: 186
• Nuevo León: 175
• Estado de México: 108
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Hasta mayo de 2025 se contabilizan 370 carpetas, encabezadas nuevamente por Nuevo León, la CDMX y el Estado de México. En contraste, en estados como Durango y Tlaxcala –donde el aborto sigue tipificado– no se reportaron investigaciones recientes.
En el mismo periodo (2024-2025), se han iniciado 27 juicios por aborto forzado. Chihuahua lidera con seis procesos, seguido de San Luis Potosí y Sonora, con tres cada uno.
El aumento en las condenas también es evidente: en 2024 había 38 hombres encarcelados por aborto forzado; en 2025 la cifra subió a 71. Guanajuato, Hidalgo, Chihuahua y Sonora concentran los casos más altos.
La postura de UNNA
La organización sostiene que derogar el delito de aborto de los códigos penales estatales y federal sería un error, pues dejaría en la impunidad a agresores como Jesús “N” y privaría a las mujeres de una herramienta legal de protección contra la violencia, la coacción y el sometimiento.
“El bien jurídico que tutela este delito es doble: la integridad de la mujer y la vida humana en gestación. Eliminarlo las dejaría en estado de indefensión”, puntualiza el informe.
El caso de Irapuato no es una excepción, sino un espejo: los principales responsables de los abortos forzados en México son hombres que recurren a la violencia y la amenaza para imponer su decisión. Las cifras desnudan un hecho innegable: no son las mujeres las que pueblan las cárceles por este delito, sino los agresores que atentan contra ellas.
Fuentes consultadas:
Informe “Aborto, la realidad no contada” (UNNA y Early Institute), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, FGR, Poder Judicial de la Federación y autoridades estatales.
