Fotografía: Redacción CIgdl.
En un esfuerzo por transformar el paisaje urbano y reducir la contaminación visual, el Gobierno de Jalisco anunció una serie de acciones legales y administrativas dirigidas a los propietarios de anuncios espectaculares que incumplen con las normativas municipales y estatales.
Según informó el gobernador Pablo Lemus, se están preparando cuatro órdenes de aprehensión contra quienes han instalado publicidad exterior sin contar con las licencias correspondientes o sin estar debidamente reglamentados, en puntos estratégicos como el Centro Histórico y zonas cercanas a La Minerva. “El plan es acabar con los anuncios en la Zona Metropolitana de Guadalajara, al igual que en Puerto Vallarta, donde ya se ha avanzado en la eliminación de este tipo de publicidad, logrando espacios más limpios y ordenados”, comentó el mandatario.
El gobierno estatal indicó que, antes de proceder judicialmente, se enviarán apoyos y solicitudes a los ayuntamientos de la región, con el objetivo de que participen en la campaña para erradicar la publicidad irregular y limpiar el entorno urbano. Además, se preparan para presentar una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado que brinde mayores facultades al gobierno estatal para actuar contra estas instalaciones no autorizadas.
El plan también contempla la colaboración con los municipios a través de un acuerdo con el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), que facilitaría la autoridad para intervenir en casos de publicidad ilegal en diferentes municipios, incluyendo Zapopan y Guadalajara, donde se están recabando los permisos y ordenando acciones concretas.
Cabe destacar que esta iniciativa no es nueva en la administración de Pablo Lemus, quien anteriormente, durante su gestión como alcalde de Zapopan en 2018, emprendió acciones contra ciertos propietarios de anuncios en gran formato, como el empresario Francisco Padilla, propietario de West Media. La problemática de los espectaculares y lonas en las calles ha sido un tema recurrente, y ahora el gobierno busca resolverlo de raíz, fortaleciendo la normatividad y la aplicación de penas penales en los casos de incumplimiento
