• la eventual ratificación de Héctor Ulises Orduña Hernández no solo amenaza la confianza pública en el sistema judicial, sino que pone en entredicho el deber constitucional del Estado de garantizar un entorno seguro para la infancia.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones Alumbra, Reinserta, Te Protejo, Freedom, Guardianes, Conciencia, World Vision y ChildFund México alzaron la voz para alertar sobre el grave riesgo que representa para el acceso a la justicia y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes la posible ratificación de Héctor Ulises Orduña Hernández como Juez Mixto en el Distrito 2 de Veracruz.
La preocupación radica en que, de acuerdo con información pública, Orduña Hernández se encuentra actualmente detenido por su presunta responsabilidad en delitos de violencia sexual en agravio de su sobrina, a quien habría sometido a tocamientos lascivos y obligado a observar material de contenido sexual explícito. Además, autoridades de Estados Unidos lo vinculan con la posesión de material de abuso sexual infantil, conocido incorrectamente como “pornografía infantil”.
Las organizaciones advirtieron que permitir la ratificación de un candidato bajo investigación por delitos de esta naturaleza enviaría un mensaje devastador de tolerancia institucional frente a la violencia sexual y socavaría gravemente la credibilidad y legitimidad del sistema de justicia. “Sería una señal inadmisible de impunidad y complicidad hacia prácticas que vulneran de forma irreparable los derechos de la infancia”, señalaron.
En su llamado, exigieron a las autoridades competentes —incluyendo al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral Federal y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz— actuar con absoluta transparencia, rapidez y con el más alto estándar de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Recordaron que la presunción de inocencia es un principio fundamental, pero no puede utilizarse como excusa para omitir las obligaciones de prevención, protección y garantía que el Estado tiene ante cualquier posible agresor en funciones de autoridad.
El mensaje fue claro: cualquier persona acusada de violencia sexual debe ser apartada de manera cautelar de cargos públicos de alto impacto, al menos hasta que se esclarezcan los hechos. Así se protege no sólo la integridad de las víctimas potenciales, sino también la confianza pública en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Las organizaciones hicieron un llamado a la sociedad civil, medios de comunicación y defensores de derechos humanos a mantenerse vigilantes y exigir un sistema judicial compuesto por personas íntegras, éticas y comprometidas con la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia. “La justicia para niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad ética, legal y política incuestionable para el Estado mexicano”, subrayó la Comunidad Alumbra.
Finalmente, advirtieron que la eventual ratificación de Héctor Ulises Orduña Hernández no solo amenaza la confianza pública en el sistema judicial, sino que pone en entredicho el deber constitucional del Estado de garantizar un entorno seguro para la infancia. En nombre de la sociedad civil, reiteraron su compromiso de trabajar por un país donde ninguna niña, niño o adolescente tenga que enfrentar la violencia en silencio y donde la justicia sirva para proteger y restaurar, no para revictimizar.
@JErnestoMadrid
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