Fotografia: Redacción Cigdl.
El popular cantante Gerardo Ortiz ha admitido su culpabilidad en un cargo de conspiración por violar la Ley Kingpin, una legislación que permite al gobierno de Estados Unidos imponer sanciones a individuos y entidades involucradas en el tráfico internacional de narcóticos. La noticia, que se mantuvo en secreto hasta ahora, ha sacudido no solo a sus seguidores, sino también a la industria musical en la que ha dejado una huella indeleble.
Ortiz, de 35 años, se declaró culpable tras reconocer su participación en conciertos organizados en México por un promotor estrechamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este promotor, cuyo nombre no se ha revelado, fue sancionado en 2018 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a presuntos vínculos con el lavado de dinero. La implicación de Ortiz, quien participó en al menos seis de estos eventos, ha levantado serias dudas sobre su carrera y su relación con el mundo del crimen organizado.
La situación se complica aún más con la revelación de que Ortiz ha estado cooperando con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la investigación que gira en torno a Ángel del Villar, propietario de la disquera Del Records y ex representante de Ortiz. Del Villar enfrenta acusaciones similares de violar la Ley Kingpin y se encuentra en medio de un juicio en una corte de Los Ángeles. Este juicio, que comenzó recientemente, se presenta como un acontecimiento decisivo no solo para Del Villar, quien ha declarado su inocencia, sino también para el futuro de varios artistas asociados con su sello.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha señalado que tanto Del Villar como Jesús Pérez Alvear, un promotor de conciertos también vinculado al CJNG, mantenían lazos estrechos con esta organización criminal. Pérez Alvear, conocido como “Chucho”, fue asesinado en diciembre de 2024, un hecho que resalta la peligrosa intersección entre la música y el crimen en México.
